PP y Vox dejan a la AVL en los huesos y 'cuelan' en gastos diversos las pruebas a menores migrantes

En 2025, la Acadèmia Valenciana de la Llengua podrá pagar las nóminas de sus empleados y poco más. Algún acto, si eso y siempre que no se rompa ningún ordenador o que se contenga la subida de la luz. Las enmiendas pactadas por PP y Vox dejarán el presupuesto de este órgano estatutario en los huesos, con un recorte extra de 760.000 euros que se suma al casi millón que ya había disminuido de partida el Consell en su proyecto inicial. El montante global se queda en 2,2 millones, un 56 % respecto al que tenía en 2024 aprobado por el gobierno de 'populares' y voxistas.

Que la AVL iba a sufrir un tijeretazo se daba por hecho. Lo tuvo ya en el proyecto que salió del pleno del Consell y Vox, que no reconoce a este organismo pese a estar blindado en el Estatut d'Autonomia, advirtió que presionarían vía enmiendas para incrementar el recorte. No obstante, difícilmente se imaginaba que se fuera a repelar tanto entre todos sus programas hasta quedarse con solo 50.000 euros para afrontar los gastos de funcionamiento que van más allá del pago de los sueldos a los trabajadores del ente.

De hecho, el recorte al personal ha sido uno de los principales cambios de las enmiendas pactadas a última hora por PP y Vox que han modificado las primeras intenciones de los voxistas. Estos reclamaban quitar hasta 400.000 euros de la partida para Personal, casi un 20 % del total, algo que la propia AVL advirtió en un informe que era ilegal ya que el organismo tiene aprobado su propia Relación de Puestos de Trabajo en vigor y no se puede infrafinanciar la cobertura de estas nóminas. Esta posible irregularidad ya llevó a Vox a retirar la enmienda que quitaba la autonomía financiera del ente, requiriendo de la autorización del Consell para aprobar modificaciones presupuestarias.

Así, populares y voxistas han trasladado este recorte desde los salarios hacia otras actuaciones previstas en las cuentas de la Acadèmia: edición y distribución de publicaciones oficiales, difusión de estudios onomásticos, convenios y acuerdos de colaboración, los Premis Carme Miquel, el fomento al uso del valenciano en medios de comunicación, la adquisición de fondos bibliográficos, el apoyo al teatro no profesional, labores de investigación o la compra de material de oficina; todo ello ha tenido mengua económica. Eso sí, el PP podrá destacar que ha 'salvado' 70.000 euros de recorte extra que pedía Vox.

Los voxistas han mostrado su satisfacción ante el recorte al calificar a la AVL como "el caballo de Troya". En su lugar, estas cuantías las destinan a rehabilitar el edificio de Lo Rat Penat, a la Real Academia de Cultura Valenciana o a la organización de jornadas sobre el Reino de Valencia en ayuntamientos gobernados por el PP o Vox como Xirivella, Burriana o Albal. "Queremos estrangular hasta la desaparicion la AVL", ha expresado el síndic José María Llanos, evidenciando su objetivo de ir contra un organismo estatutario.

"Es un ataque directo a nuestro Estatut", ha lamentado el síndic adjunto del PSPV, José Chulvi, tras conocer las enmiendas planteadas por populares y voxistas. "Demuestra que PP y Vox sienten odio por el valenciano, es el precio para mantener a Mazón en la Presidencia de la Generalitat", ha añadido Nathalie Torres, de Compromís. El recorte a la Acadèmia se complementa además en tema lingüístico con un descenso de 700.000 euros en ayudas a la promoción del valenciano en el ámbito social y en empresas, comercios e industrias.

Pruebas polémicas

Dentro de las enmiendas pactadas en la tercera y última jornada de votación de estas, con lo que los presupuestos quedarán encaminados para su aprobación definitiva, Vox ha logrado introducir uno de los asuntos clave dentro de su ideario: una partida de 100.000 euros para realizar pruebas de edad a los menores migantes tutelados por la Generalitat. Esta se sufragará dentro de la carpeta de 'Gastos diversos' después de que el PP la sacara de la primera negociación de las cuentas de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige Susana Camarero, donde también se rechazó una partida para expulsar a los ex menores migrantes tutelados.

Las pruebas de edad a los migrantes llegados a tierras españolas están rodeadas de polémica. El Gobierno central ha propuesto una ley, que ha pasado el primer trámite en el Congreso, para regular las mismas y señalar que, en primer lugar, prevalecerá la presunción del menor de edad y que solo se harán estas cuando no haya una documentación acreditativa de la edad. No obstante, varias ONG critican que las pruebas que se realizan, principalmente la medición de muñeca, no tienen un criterio científico claro. Ahora, con los Presupuestos de la Generalitat, tres hospitales valencianos (La Fe, el Balmis de Alicante y el General de Castellón) tendrán una partida específica para estas pruebas.

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