El Consell reduce en un 77% la partida para comprar viviendas sociales

El tanteo y retracto fue la medida estrella del Botànic para aumentar el parque público de vivienda ya que permite que la Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos pueden adquirir ciertas viviendas al mismo precio al cual se venderán a inversores a un precio mucho menor que el de mercado. Sin embargo, el PP siempre ha criticado esta herramienta e incluso la llevó ante el Tribunal Constitucional, que no le dio la razón. Ahora, en los Presupuestos de 2025 ha reducido la partida en un 77% (al pasar de 36 millones de euros a 8,5) y desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) aseguran que este camino permitirá la venta "de patrimonio residencial valenciano para especular".

"No podemos permitir que los fondos se hagan con viviendas protegidas, que han recibido fondos públicos y que, además están por debajo del precio de mercado (incluso tan bajo como 23.000 euros). Tienen que ejercer el derecho de tanteo y retracto, empezando por el Edificio de La Torre con 134 viviendas que Inmocriteria (de la Fundación La Caixa) tiene previsto vender a un fondo inversor. Son viviendas protegidas, con colaboración de dinero público y tienen que servir para consolidar un hogar a estas familias, y no para generar riqueza o especulación", explican desde la plataforma en defensa de la vivienda tras presentar enmiendas a las cuentas presentadas.

Otra de las enmiendas presentadas por la PAH a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos es la modificación del Arte. 165 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de forma que se establezcan requisitos de nacionalidad para acceder cualquier ayuda o subvención. "Es decir: quieren que cabe persona que no sean española o con ciudadanía equiparable de cualquier Estado de la Unión Europea reciba ayuda de los fondos que sean exclusivamente de la Generalitat (en el Estado no manden), lo cual implica una bestialidad: instaurar la exclusión desde las mismas instituciones", aseguran.

Contra la oficina antiocupación

Otra enmienda es a la creación de una Oficina antiocupación. "En las Administraciones que ya la han puesto se ha visto que no sirven para nada. La ocupación es muy minoritaria y la ocupación de viviendas de particulares es mínima. Una de las bondades de la Oficina antiempleo que proclaman es que no tendrá coste adicional, no se le asigna ningún presupuesto; pero hay una línea de 250.000 euros para las víctimas de la ocupación. La cara oculta es que no dotarán de recursos humanos a la Unidad de Ayuda a los Desahucios, que sí que son un problema real. En el País Valenciano se han producido más de 3.600 en 2024; explican, tras recalcar el "insufrible acoso inmobiliario", los precios "prohibitivos" del mercado y el avance "imparable de los fondos" que cada día "dejan a familias en la calle que no tienen donde vivir".

Llamamiento a la ciudadanía

"Estos presupuestos y medidas en la Ley de Acompañamiento son terroríficos porque inciden en muchos más ámbitos: generan odio y exclusión con personas migrantes, niegan el cambio climático, rechazan la violencia de género, atacan los derechos lingüísticos destrozando nuestra lengua sin límite, a las personas LGTBI, y restringen mucho toda colaboración internacional, En fin, solo defienden aquello público para apropiarse de él y fomentar las intransigencias, la exclusión social sin límites y la riqueza privada", explican desde la PAH.

Llamamiento social

Por ello, realizan un llamamiento a la sociedad valenciana para "que impida la aprobación de estos presupuestos". "Tienen que cambiar radicalmente las políticas del PP y hay que construir un nuevo marco de entendimiento sin tardanza. Trabajamos en el Acuerdo Social Valenciano, pedimos la dimisión de Mazón, y apoyamos la Huelga General del 29 de mayo y el conjunto de manifestaciones multitudinarias. Solo así podremos construir un horizonte valenciano esperanzador".