Cuidados sin papeles

Aunque no tengan los papeles en regla, los migrantes trabajan. Ellas, en las casas. Ellos, en el campo. Los datos reflejan que la población extranjera (legal e ilegal) es la que sostiene el Estado de Bienestar al ocupar los empleos que los nacionales descartan. La realidad laboral obliga a contar con ayuda externa para mantener limpio el hogar y atendidos a los familiares dependientes, más mayores o más pequeños. Pagar, se paga. Otra cosa es que exista un contrato laboral de por medio.

Para poder conseguir la documentación legal mediante un empleo, la ley de Extranjería obliga a las personas migrantes a conseguir un contrato de trabajo de un año de duración y a tiempo completo. El reto es un imposible para la mayoría. También se pueden presentar dos o más contratos, siempre que sumen un mínimo de 30 horas semanales y suponga ingresar el salario sea el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estas condiciones son palabras mayores para muchos de los particulares que no son empresarios y que pagan por horas lo que necesitan, cuando lo necesitan. Es más, si dejan de necesitar el servicio o prefieren cambiar de persona no hay ni despido, ni finiquito.

Un sector con trabajo y pocos contratos

Ahora bien, la ausencia de contrato no impide que exista el mercado de oferta y demanda. En el sector hogar-cuidados hay trabajo. Son muchas las familias que cuentan con alguien que les "echa una mano" con las labores de la casa, en los cuidados y en la crianza. Así lo aseguran desde los colectivos que trabajan con personas migrantes que lamentan, sin embargo, que un porcentaje altísimo de mujeres trabaje en precario y sin contrato porque es el único medio de vida que encuentran.

En 2012 se reformó la ley de 1985 para obligar a dar de alta en la Seguridad Social a las personas que trabajaran en las tareas domésticas. El objetivo era (y es) que coticen las horas que trabajan, aunque sean pocas. Así, se acababa con el régimen de trabajadoras del hogar discontinuo que permitía a las mujeres que atendían varias casas pagarse ellas mismas la Seguridad Social. En ese momento (hace ya 13 años) se estimaba en más de 700.000 las mujeres que trabajaban en España limpiando casas sin cotizar a la Seguridad Social. En la Comunitat Valenciana se estimaba que eran entre 75.000 y 100.000 mujeres.

De forma legal en los hogares valencianos trabajaban hace más de una década unas 22.600 mujeres dadas de alta en el régimen general como empleadas del hogar, una cifra que no se ha movido demasiado, ya que en la actualidad la cifra es de 28.615 personas (más de la mitad, españolas) lo que supone tan solo el 1,5 % de las personas dadas de alta en la Seguridad Social, que son más de 1,8 millones.

En sus países de origen tenían otras profesiones, pero llegan aquí y encuentran trabajo de forma rápida en la limpieza de casas y en el cuidado, sobre todo, de personas mayores", explican desde el Servicio Jesuita Migrante, quienes organizan talleres de empoderamiento para las mujeres extranjeras que trabajan en el sector hogar cuidados para que conozcan sus derechos.

Desde Oxfam Intermón explican que solo cuatro de cada diez trabajadoras reciben la indemnización por despido que les corresponde, las enfermedades profesionales no están reconocidas, no son posibles las inspecciones laborales en el lugar de trabajo y no siempre se cumplen las horas de jornada y los descansos pactados.

Profesora en su país, cuidadora en València

En el sector hogar cuidados lo que funciona es, sobre todo, el boca a boca. Así es como consiguió trabajo Mary Carmen, una mujer venezolana que llegó a València poco antes de la pandemia (en febrero de 2020) y a día de hoy sigue sin la documentación en regla a pesar de que no ha parado de trabajar en todos estos años. En su país era profesora. Aquí ser ha dedicado, principalmente, al cuidado de personas mayores y a la limpieza de domicilios particulares.

"Aquí como maestra no puedo trabajar. Convalidar el título implica demasiado tiempo y una documentación que no tengo. Mi título de Bachiller tampoco lo tengo físicamente y en mi país no me lo envían así que me apunté a una escuela de adultos y me lo saqué mientras trabajaba. Porque no he parado de trabajar, principalmente, cuidando a personas mayores y como empleada del hogar", explica la mujer.

Mary Carmen lleva cinco años trabajando en España, pero sin contrato. "Las familias no quieren contratarte porque para ellas es más sencillo acordar contigo un precio por hora y ya está. En algunos casos están en lista de espera de determinada ayuda o residencia y no quieren complicaciones", añade. Este año la mujer inició la vía del arraigo por formación para regularizar su situación. Sin embargo, el pasado 20 de mayo entró en vigor el nuevo reglamento de Extranjería y va a buscar la regularización mediante el arraigo sociolaboral con una familia con la que va a firmar su primer contrato de trabajo por cuidar a una mujer mayor. "La gente no entiende la importancia que tiene para nosotras tener un contrato", concluye.