Un informe del caso Azud concluye que los beneficios en la operación colegios fueron "espectaculares"

El informe de un perito-arquitecto de Hacienda incorporado al caso Azud concluye que los beneficios que obtuvieron las empresas implicadas en la "operación colegios", investigadas en la causa, fueron "espectaculares". El "asunto colegios" se materializó entre 2005 y 2008 y agrupa a los tres principales promotores inmobiliarios investigados en el caso Azud: Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando. El 11 de julio de 2005, se creó Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), participada, con un 25 % cada una, por CVC (Construcciones Valencia Constitución, buque insignia de Febrer), Nueva Esfera (Mónica Montoro), Gesfesa (Federico Ferrando) y Astroc con el «único objetivo» de lograr la cesión de esas parcelas para uso residencial a cambio de pagar la deuda de 35 millones que el Ayuntamiento de València debía como indemnización a diez congregaciones religiosas a quienes se habían enajenado terrenos para colegios en virtud del PGOU (Plan general de ordenación urbana) de 1988. Los investigadores del caso Azud han calculado que el Ayuntamiento de València perdió un mínimo de 14 millones de euros, en la estimación más conservadora, al ceder tres parcelas estratégicas en la València en plena expansión urbanística en esos años (2005 a 2008).

Una tesis que la defensa de Federico Ferrando intentó combatir con un informe pericial emitido por Fides Audit Assurance, en el que se aseguraba que "la operación no generó daño patrimonial para el Ayuntamiento de València" porque el total de la deuda del consistorio ascendía, con los intereses devengados hasta el 30 de julio de 2009 ascendía a 38.471.238,55 euros. Por tanto, concluía este informe de parte, "puesto que el valor de tasación elegido (por la consultora Tinsa, seleccionada por el promotor Miguel Montoro, ya fallecido y padre de una investigada, ascendía a 35,2 millones) es inferior al de la deuda que se liquidaba (38,5 millones), por lo que la operación no generó daño patrimonial para el Ayuntamiento de Valencia".

La respuesta del arquitecto perito de Hacienda es contundente: "El daño patrimonial se produce porque el Ayuntamiento de València cede las parcelas a un valor por debajo del de mercado en ese momento y, además, en un contexto de subida acelerada de precios, como quedó fundamentado en el primer informe".

"Pero lo más importante -continúa- es que la pérdida patrimonial del Ayuntamiento de València se convirtió en ganancia patrimonial de una empresa [en refencia a Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI)- que fue seleccionada arbitrariamente, en lugar de sacarse los inmuebles a subasta pública como era preceptivo. Es decir, que se vendieron unos solares en zonas estratégicas para un promotor, con la calificación urbanística adecuada para que su valor coincidiera con la deuda en ese momento (2007)", advierte el informe pericial de Hacienda, incorporado al caso Azud.

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