Análisis
El urbanismo del Botànic y de Bonig, a desguace
La mesura que se intentó aplicar desde 2011 al tsunami urbanístico de la primera década del siglo XXI se ha revertido en dos años

Un labrador saluda y camina a través de su campo de calabazas con la Iglesia de la Purísima Concepción de La Punta al fondo. / J.M. López
En los cinco primeros lustros del siglo XXI el urbanismo valenciano ha vivido un tsunami urbanístico, una burbuja inmobiliaria y un frenazo en seco de la construcción, acompañado de una inédita caída de los precios de la vivienda.
Las cifras de las que se partía hablan por sí solas. En la Comunitat Valenciana se construyeron 713.214 viviendas entre 1997 y 2006 (Alicante con 362.269 casas y Valencia con 231.046 fueron la cuarta y sexta provincias españolas con más viviendas construidas). Otros 52 municipios tramitaron planes generales o conciertos previos en los que proponían la construcción de otras 718.106 nuevas viviendas más, lo que multiplicaba por cuatro su suelo residencial: de 92 millones de metros cuadrados de suelo previsto en sus planes generales a 272 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbano.
Los datos los recopiló y publicó en 2009 el catedrático de Geografía de la Universitat de València y ex conseller, Eugenio Burriel, en un detallado artículo «La década prodigiosa del Urbanismo Español 1976-2006», publicado en Scripta Nova, la revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universitat de Barcelona, también adelantado por Levante-EMV.
Un frenesí urbanístico incentivado por la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) aprobada en 1994 por los socialistas pero aplicada sin reglamentos y revolucionada por los populares a partir de 1995, que alcanzó el clímax con la ley del suelo del Gobierno de Aznar de 1998, que consideraba todo el suelo urbanizable, excepto el protegido. Y que alcanzó cotas de paroxismo con el «paquete legislativo» que un viejo conocido del urbanismo valenciano, el siete veces conseller Rafael Blasco, aportó a la Comunitat Valenciana con cuatro leyes y dos reglamentos que sumaban un total de 1.183 artículos. Un cuerpo legal «contradictorios entre sí e imposibles de aplicar», según denunciaron en su momento los urbanistas y admitió con el tiempo la propia conselleria.
El viraje hacia una cierta mesura, al menos legislativa, se inició en 2007 con la llegada de la arquitecta paisajista Arancha Muñoz-Criado a la dirección general de Paisaje, donde permaneció en diferentes responsabilidades hasta 2012. Bajo la batuta de Muñoz Criado se tramitó la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) 2010-2030, en vigor desde el 13 de enero de 2011, la primera gran hoja de ruta para ordenar y planificar el territorio durante 20 años.
Y también se iniciaron los trabajos del plan de acción territorial de l’Horta, así como la redacción de la ley de ordenación del territorio urbanismo y paisaje (Lotup) de 2014, aprobada bajo el mandato como consellera (2011-2015) de la anterior lideresa del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig.
La llegada del Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos en la segunda legislatura) a la Generalitat permitió limitar los crecimientos urbanísticos desmesurados, al hacer obligatoria la Estrategia Territorial.
También se modificó la Lotup en 2019, con la abstención del PP, para apostar por la gestión directa pública del urbanismo desde las administraciones y limitar las facultades de la gestión indirecta privada para planificar y reclasificar terrenos.
El Botànic también aprobó -con fuerte oposición interna en algunos sectores de los partidos o cuando la normativa chocaba con intereses locales- instrumentos de ordenación del territorio como el Plan de acción Territorial (PAT) y la ley de protección de l’Horta, el Pativel (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral), ambos en 2018.
Ambas instrumentos de planificación fueron aseteados a recursos judiciales, a los que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) puso freno en el caso de la protección de l’Horta, al avalar la legislación proteccionista. En el caso del Pativel fue el Tribunal Supremo el que finalmente avaló la legalidad del plan para proteger el litoral, anulado inicialmente por el TSJCV debido a defectos formales.
Una arquitectura planificadora y de ordenación del territorio que «el Gobierno del cambio» de Carlos Mazón del que ahora se cumplen dos años comenzó a desguazar desde el minuto uno. En algunos casos con la excusa de la dana, como le ha afeado la Abogacía de la Generalitat al mismo Consell. Estos cambios legales se anunciaron durante la etapa de Salomé Pradas al frente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio y se han ejecutado con Vicente Martínez Mus al frente de las competencias de Territorio.
El Plan Simplifica cuya tramitación se inició en julio de 2024 dio el primer aldabonazo al urbanismo de herencia botánica y de la etapa de Isabel Bonig. El megadecreto, tramitado después como ley por imposición de Vox ya fuera del Consell, eliminó la obligatoriedad de los informes que fijan el crecimiento de los municipios, según la fórmula establecida en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) de 2011 y que eran vinculantes desde 2016.
Hoteles a 200 metros de la costa
Otro cambio relevante, en este megadecreto, también permite volver a construir hoteles a 200 metros de la costa. Se trata de la distancia finalmente pactada entre PP y Vox para introducir dentro del macrodecreto de Simplificación administrativa.
La propuesta inicial era de 100 metros. Aunque pese a aumentarse hasta los 200 metros, supone reducir a más de la mitad la norma que estaba en vigor hasta ahora con el Pativel del Botànic y que fijaba este mínimo en 500 metros. El cambio legal se aprobó en las Corts el mismo 29 de octubre por la mañana, cuando la dana provocaba los primeros problemas en la comarca de la Ribera.
El Plan Simplifica también ha modificado la Lotup para que sea menos «farragosa» y reajusta las figuras urbanísticas «estrella», las antiguas ATE (actuaciones territoriales estratégicas) o los PIES (proyectos de inversión estratégica PIES) que ahora pasan a denominarse «proyectos de interés autonómico» (PIA). Y a los que, como en anteriores intentos, se pone alfombra roja para atraer inversiones. A parte de estos cambios, Territorio también inició en septiembre de 2024 una consulta pública para cambiar la Lotup y volver a potenciar la «iniciativa privada».
PP y Vox también se han aliado para impulsar el decreto de reconstrucción que permite viviendas privadas en suelo público o aprobar planes de reconstrucción local (PRL), una nueva figura urbanística al margen de los planes generales. La dana también se ha utilizado para modificar la ley de la huerta: el nuevo texto legal elimina el Consell de l’Horta, cuyas competencias asumen las conselleries de Territorio y Agricultura, y permite la construcción de viviendas, espacios deportivos singulares (como campos de golf) en zonas de huerta degradada, según el nuevo texto legal impulsado por las conselleries de Territorio, Agricultura y Hacienda.
- PP y Vox tapan las ventanas de las oficinas de Compromís en las Corts para ocultar carteles de 'Mazón dimisión
- Un técnico declara que Mazón podría haber decretado la emergencia catastrófica y asumir el mando el 29-O
- Una tormenta con granizo descarga esta noche en València
- El voto del malestar coge forma: pueblos de la dana comienzan a poner en marcha partidos independientes
- La UCO concluye que los socialistas Rafael Rubio y José Luis Vera cobraron comisiones por la 'operación colegios' que impulsó Alfonso Grau
- Sanidad no pagará a las farmacias este mes y culpa al Gobierno de la falta de liquidez por el dinero del FLA
- ¿Por qué la brisa marina está desapareciendo del litoral de Valencia?
- Mazón niega que pudiera decretar la emergencia catastrófica e invita al mando de Emergencias a 'repasarse la ley