Nueve de cada diez valencianos creen insuficientes las actuaciones postdana

Se podría hacer más. Es la sensación generalizada de los valencianos en relación a las acciones que se están llevando a cabo para resolver los problemas causados por la dana entre los municipios y vecinos afectados siete meses después del fatídico 29 de octubre.

La encuesta realizada por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Mediterráneo e Información) con motivo del ecuador de la legislatura muestra que el 89,5% de los entrevistados, es decir, nueve de cada diez, opina que no se está haciendo todo lo posible en la actualidad para resolver los problemas una vez superada la emergencia. Solo el 7,9% avala las medidas y defiende que se está poniendo el máximo empeño.

La postura no varía independientemente del sexo, pues tanto hombres (88,8%) como mujeres (90,1%) creen insuficientes las acciones puestas en marcha. Tampoco se producen cambios significativos según la franja de edad, aunque las personas de entre 46 y 65 años son las más críticas, al opinar un 93,2% que todavía hay margen para hacer más.

Más tajantes, en base a la provincia de residencia, son los alicantinos, pues allí el 94,3% reclama más acción. Un 87,5% de los valencianos opina igual, mientras que por último aparecen los castellonenses, con un 85,6% que cree insuficiente la respuesta.

En el punto de mira

Aunque las consecuencias que dejó aquella jornada negra son interminables, algunas cifras permiten dibujar el alcance: 17.800 millones de euros en daños, 306.000 afectados y 228 personas fallecidas.

Más complejo resulta, sin embargo, hablar de responsables por el momento. A la hora de señalar quién es el máximo responsable de los efectos de la dana sobre la población, más de la mitad de los valencianos (54,3%) coincide en apuntar directamente contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Un 15,3 % se decanta, en cambio, por poner todas las miradas sobre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Y solo el 1,1 % considera que la máxima responsabilidad corresponde a ambos dirigentes políticos de una forma compartida.

La última mención significativa, en este sentido, pone el foco sobre la exconsellera de Justicia e Interior, la castellonense Salomé Pradas, que resulta la máxima responsable para el 4,1 %. Asimismo, una de cada diez personas consultadas (10,1 %) opta por no hacer distinciones y sentenciar que «todos» tienen la máxima responsabilidad de los efectos sobre la población.

En esta cuestión sí que existen contrastes importantes por provincias. Castellón es la que más señala a Mazón (63,5%) y la que menos apunta a Sánchez (2,8%). Justo al revés que Valencia, donde quienes sitúan la máxima responsabilidad sobre el president quedan en el 50 %, el porcentaje más bajo de la Comunitat Valenciana. También los valencianos son los que más achacan la responsabilidad al máximo dirigente del Ejecutivo central, con un 23 %.

La causa judicial

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja instruye la causa que se centra en analizar la gestión de la dana y fijar las posibles responsabilidades. En líneas generales, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana confían en este proceso. Así lo asegura casi la mitad de los entrevistados (47,4 %). Eso sí, la mayor parte (25,1 %) considera que se debería ampliar el espectro de los posibles responsables.

En el lado opuesto se sitúan tres de cada diez ciudadanos (29,6 %) que dicen desconfiar del proceso judicial. Más en concreto, al 9,2 % le suscita dudas, aunque considera al mismo tiempo que la jueza encargada de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, está haciendo una buena instrucción. Destaca igualmente que hasta un 23 % se decanta por no pronunciarse.

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