El Constitucional admite a trámite el recurso contra la Llei de l'Horta del Consell

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por una cincuentena de diputados del PSOE, Compromís y Podemos contra la modificación de la ley de la Huerta de València impulsada por el Consell de Carlos Mazón y que fue convalidada en las Corts en febrero con los votos del PP y Vox.

El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la decisión del pleno del Tribunal Constitucional adoptada el 27 de mayo de admitir a trámite este recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Congreso contra el decreto ley del Consell que modificó la ley de la Huerta de València de 2018 y el decreto del Plan de acción territorial de la Huerta de 2018.

Los recurrentes consideran que esa modificación va en contra de los derechos constitucionales de protección del medio ambiente, permitirá urbanizar 3.800 hectáreas de huerta, acalla la voz de sindicatos agrícolas y asociaciones al eliminar el Consell de l'Horta y que se ha usado la dana de octubre "como excusa para desproteger la huerta" y favorecer "la especulación". También Bruselas advirtió que podría llevar a cabo medidas ante los cambios de la ley.

El Gobierno valenciano ha justificado estos cambios por la necesidad de abordar "carencias y obstáculos" surgidos desde su aprobación en 2018, que considera que se agravaron por las riadas del pasado 29 de octubre, y para simplificar estructuras, ahorrar costes y evitar duplicidades.

Satisfacción en la izquierda

Ante ello, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Paula Espinosa, ha mostrado la satisfacción de la coalición por la aceptación a trámite del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley de l'Horta de València realizada por el Consell del PP, que desmantela su protección.

Compromís está convencido que el Tribunal Constitucional, después de la aceptación a trámite, acabará sentenciando que el Decreto del Consell se aprobó de manera inconstitucional, utilizando la figura excepcional del decreto ley sin que concurran las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad” exigidas por el artículo 86 de la Constitución española, tal y como señaló en su informe la propia Abogacía de la Generalitat.

En este decreto se rebajan los niveles de protección de un espacio agrícola sin ningún procedimiento de evaluación ambiental ni argumentación técnica, incumpliendo el principio de no regresión en materia ambiental, vulnerando el artículo 45 de la Constitución. El decreto reduce los niveles de protección de l'Horta, permitiendo la urbanización de más de 3.800 hectáreas de suelo agrícola y obviando su capacidad de actuar como una infraestructura verde para la protección ante fenómenos meteorológicos extremos, como la dana vista el 29 de octubre.

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