Casas saqueadas y sin recibir ninguna ayuda: el drama de los vecinos del edificio derrumbado de Peñíscola después de cuatro años

El 25 de agosto de 2021, la vida de los vecinos del edificio Patios Fase V, ubicado en la urbanización Font Nova, en Peñíscola, cambió por completo. Un trágico derrumbe se cobró la vida de dos personas y provocó que 18 de las 55 viviendas del inmueble se vinieran abajo y desaparecieran por completo. Los 37 apartamentos restantes siguen en pie, pero su aspecto dista mucho del que presentaba entonces, al haber sufrido continuos robos y saqueos durante este tiempo.

La comunidad de propietarios ha convocado este jueves a los medios para visibilizar públicamente la "angustia" y el "desamparo" que sienten, y abrió las puertas de un inmueble que ha sido foco de vandalismo de manera continuada. Aunque esas 37 viviendas siguen sobre el terreno y no colapsaron, son inhabitables por los innumerables daños que presentan.

Se trata de un edificio fantasma en el que los ladrones, aprovechando que los propietarios no han podido entrar durante estos años al estar bajo custodia judicial al haber una investigación en marcha (no pudieron acceder hasta finales del año pasado), han tenido barra libre para arramblar cuanto han querido.

"Hemos hecho varias solicitudes por escrito al juzgado pidiendo entrar para poder retirar enseres personales o mobiliario y ni siquiera hemos recibido contestación y, sin embargo, en el edificio ha estado gente acampada mientras estaban robando porque de los 37 apartamentos que están en pie han vandalizado todos, se han llevado mobiliario y electrodomésticos", ha añadido el presidente de la comunidad de propietarios, Juanjo del Cura.

El presidente de esta comunidad de propiestarios, que ha indicado que se sienten "abandonados, muy desamparados y muy angustiados por la situación", ha destacado que "si el edificio estaba bajo tutela judicial y tenían un compromiso de hacer una vigilancia efectiva sobre el edificio, tanto Guardia Civil y Policía Judicial como Policía Local", entienden que "no se ha hecho efectiva la misma, dado que no han venido a robar puntualmente, han estado durante muchos días vandalizando todo el edificio, y además se han llevado todo el cableado principal del edificio y han quitado todos los diferenciales de todos los apartamentos".

"Nadie se está haciendo responsable de lo que nos ha pasado, pues llevamos casi cuatro años y estamos en el mismo momento que cuando empezó, ya que judicialmente no se ha dado ningún paso y estamos totalmente abandonados, sin poder hacer uso de los apartamentos ni rehabilitarlos, ni tenemos ayudas económicas, ni las compañías de seguro se quieren hacer responsables de nada", ha denunciado.

La rehabilitación: más de 60.000 € por apartamento

Así mismo, Juanjo del Cura ha señalado que, tras caerse parcialmente el edificio, se quedó sin licencia de habitabilidad, por lo que, para poder conseguir entrar a habilitar los apartamentos que están en pie, hay que hacer una serie de actuaciones que indica el informe que encargó el juzgado en su día. "Es una rehabilitación que puede costar más de 60.000 euros por apartamento, dinero que muchos no tenemos", ha añadido.

"Las administraciones públicas responsables de esto son las que deberían de haberse hecho cargo y reclamamos un resarcimiento económico para poder volver a tener el edificio en la situación que estaba antes del colapso", ha apuntado el presidente de la comunidad de propietarios, quien ha añadido que "hubo dos fallecidos y tampoco nadie se está haciendo responsable de los fallecimientos ni de los familiares".

La investigación, en la casilla de salida

Por su parte, la letrada de esta comunidad de propietarios, Pilar Antorrena, ha explicado en cuanto al proceso judicial que éste se encuentra en el punto 1 de cuando se produjo el derrumbre, "pues se abrieron unas diligencias previas para ver qué responsabilidades penales podía haber y ahí seguimos después de cuatro años porque se cerró el expediente sin más historia que decir que aquí no había responsables".

Entonces, según ha indicado, se recurrió esta decisión judicial, se abrió el expediente de nuevo y "ahora se están tomando declaraciones a personas relacionadas posiblemente con este derrumbre, pero hasta que el juez no diga realmente quién puede ser imputado en el caso, no se pasará al paso dos, y entonces será cuando podamos decir económicamente a quién reclamar porque el tema administrativo está cerrado mientras el tema judicial de diligencias previas no se manifieste".

"Hemos iniciado también un expediente de responsabilidad patrimonial a la administración de justicia por la vandalización del edificio, y contra el Ayuntamiento de Peñíscola también, puesto que había unas licencias que parece ser que no eran correctas", ha añadido.

La abogada, que ha recordado que el informe pericial concluía "unos defectos de construcción y parece que en ese momento no se cumplía con la normativa en cuanto a materiales", ha informado de que el 16 de junio habrá una testifical del arquitecto que hizo el informe para la Generalitat "para saber si se ratifica en el mismo".

Suscríbete para seguir leyendo