Las asociaciones protestan ante el regreso de las macrorresidencias

El decreto de Tipologías que ha diseñado la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero implica el regreso de macrorresidencias con hasta 150 plazas, un modelo más rentable para las empresas que gestionan los centros y que aseguraban que el modelo diseñado por el Botànic (y que fijaba en 120 el número máximo de plazas) era "inviable". De hecho, lo denunciaron en los tribunales.

Por ello, el Consell no ha dudado en aumentar el número de plazas en el decreto que marcará las características que deben tener los centros y residencias de Servicios Sociales, algo que ha generado las críticas de las asociaciones que lamentan el regreso de los macrocentros y abogan "por reducir drásticamente el tamaño de las residencias". Así conta en las alegaciones presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al decreto de Tipologías, tras criticar el modelo residencial tradicional y exigir "que se priorice alternativas basadas en la comunidad, como las viviendas con apoyo y la asistencia personal".

El actual decreto se marca un mínimo de 9 plazas y un máximo de 150, lo que supone aumentar en un 25% el número de residentes. Y aunque se estructuran en unidades de convivencia también aumentan el número de plazas al pasar de 15 a 25.

Adiós al modelo de Oltra para Servicios Sociales

"Aunque el proyecto apuesta por las unidades de convivencia, permitir residencias de hasta 150 plazas, incluso estructuradas en unidades de 25, sigue perpetuando un modelo de macro-residencia que dificulta la creación de entornos verdaderamente hogareños, comunitarios y desinstitucionalizados, y puede generar dinámicas institucionales perjudiciales. La excepcionalidad para modificar los máximos debe ser mucho más restrictiva y garantista", explica el presidente del Cermi, Luis Vañó.

El tamaño sí importa

Así, el argumento del Cermi CV es que el tamaño importa, y mucho. "Una estructura que alberga a 150 personas, por muy dividida que esté internamente en unidades de 25, no puede replicar un entorno verdaderamente hogareño. Es casi inevitable que surjan dinámicas institucionales. Esto se traduce en horarios rígidos, comidas colectivas, normativas estandarizadas para todos y una organización centrada en la gestión del edificio y del personal, en lugar de en las voluntades y preferencias de los residentes. La vida se organiza en función de la institución, no de la persona", explican desde la entidad. Y añaden: "Un edificio con 150 residentes se convierte en un enclave, un recurso social aislado del barrio en el que se ubica. Dificulta la verdadera inclusión en la comunidad, como ir a comprar a la tienda local, participar en las fiestas del barrio o simplemente relacionarse con los vecinos. Se crea una 'comunidad artificial' en lugar de integrarse en la existente.

Por ello, para Vañó, a mayor tamaño "mayor es el riesgo de que las personas sean tratadas como un colectivo homogéneo y no como individuos con control sobre sus propias vidas. Decisiones tan cotidianas como a qué hora levantarse, qué comer o cómo decorar su espacio personal quedan supeditadas a las normas del centro. Esto choca directamente con el derecho a la autonomía y a la toma de decisiones".

Modelo antiguo

Cuando el Cermi CV afirma que "la excepcionalidad para modificar los máximos debe ser mucho más restrictiva y garantista", lo que pide es que la ley "no deje la puerta abierta a perpetuar el modelo antiguo. Si la norma establece un ideal de centros pequeños y hogareños pero luego permite excepciones para construir o mantener grandes centros, la transformación real nunca se producirá".

Por ello, lo que solicitan es que, si se va a permitir superar los límites de plazas recomendados, sea en situaciones "extraordinariamente justificadas y con garantías férreas de que no se replicará un modelo institucional. La prioridad debe ser siempre la creación de modelos de vida independiente y en comunidad, como viviendas con apoyo, asistencia personal y otros servicios que permitan a la persona desarrollar su proyecto de vida en el entorno que elija".

Así, la crítica del Cermi es una llamada de atención para que la nueva regulación no se quede en un cambio superficial. "Dividir una macro-residencia en 'unidades de convivencia' será un mero maquillaje si la estructura, la ubicación y la cultura institucional subyacente no se transforman radicalmente para alinearse con un modelo basado en los derechos humanos, la autonomía y la inclusión real en la comunidad", concluyen desde el Cermi.

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