La Diputación de Valencia estudia poner coto a las prórrogas por sistema para funcionarios de más de 65 años

La Diputación de Valencia pretende poner coto a un sistema de prórrogas en el servicio activo para funcionarios de más de 65 años que algunos en la casa consideran que está poco controlado. Según ha trasladado internamente la recientemente nombrada diputada de Personal, Reme Mazzolari, se está estudiando la posibilidad de modificar el reglamento, para racionalizar estas decisiones de prórroga y acompasarlo también a cómo se hace en otras administraciones. Se trata, en todo caso, de una declaración de intenciones de la diputada que acaba de asumir el área de Recursos Humanos. Es una cuestión a negociar tanto con el equipo de gobierno como con los sindicatos, representantes de la plantilla, aclaran las fuentes consultadas.

La Diputación de Valencia, como buena parte de las administraciones, adolece de un importante envejecimiento de su plantilla. Y bastantes empleados han ido obteniendo la prórroga a pesar de haber cumplido la edad de jubilación. Algunos de ellos, además, están en posiciones clave, como jefaturas de servicio. El secretario general de la diputación, por ejemplo, uno de los altos funcionarios de mayor rango, ya cumplió los 65 años.

No se trata de un proceso demasiado costoso. Según parece, ahora mismo en la diputación basta con un informe del médico, otro del jefe de servicio acerca de sus funciones, y la firma del diputado de Personal para lograr la prórroga. Casi es una cuestión que queda a voluntad del empleado, señalan las fuentes consultadas. En este momento hay aproximadamente 25 empleados públicos en plantilla con más de 65 años. La cuestión es que, fruto de ese envejecimiento, solo en esta legislatura, entre 2025, 2026 y 2027, hay otras 119 jubilaciones previstas.

El Plan Estratégico de Recursos Humanos 2021-2024 de la diputación, elaborado hace ahora tres años, ya advertía sobre esta situación de la elevada edad media del personal. Durante este década, desde 2021 a 2030, se ha de producir la retirada de 426 empleados. Es casi la mitad del total de la institución.

Incremento de gasto

Por otro lado, un informe de control interno de Intervención General del año 2020 señalaba también otra derivada de este asunto: “Se observa una tendencia de crecimiento del gasto de personal por encima del crecimiento en el número de personas al servicio de la diputación, motivado en parte por el envejecimiento de la plantilla”. Además de una cuestión económico, existe una voluntad de dar nuevos aires a puestos que son decisivos para el impulso del proyecto político.

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