El Síndic exige a Educación inspecciones sobre el cobro de cuotas de las escuelas concertadas

Una cuota por el monitor de comedor, por una actividad complementaria, por tener atención psicológica en el colegio, o porque los alimentos del comedor son de proximidad. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reclamado a la Conselleria de Educación que garantice la gratuidad de la enseñanza en los centros concertados, "de forma real y efectiva". Así lo recoge una resolución derivada de una investigación de oficio, tras haber detectado prácticas generalizadas de cobro de cuotas que suponen una barrera de acceso para el alumnado en situación de vulnerabilidad económica.

La actuación del Síndic se inició tras recibir múltiples quejas ciudadanas que alertaban de pagos exigidos en centros concertados, ya fuera en forma de actividades complementarias, extraescolares o donaciones supuestamente voluntarias. Estas prácticas, extendidas tanto en centros de enseñanza laicos como en aquellos gestionados por congregaciones religiosas, se justifican habitualmente por la necesidad de cubrir gastos no financiados por la Administración. Sin embargo, el defensor considera que estas cuotas vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza básica, recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación.

La resolución también advierte de que la aplicación del Decreto 48/2024, que regula el proceso de admisión escolar bajo el modelo de distrito único y libertad de elección de centro, puede agravar la situación. Según el Síndic, este modelo favorece la concentración del alumnado con mayores recursos en determinados centros, lo que profundiza la brecha socioeconómica y perpetúa la segregación escolar. "La gratuidad en la educación no es una opción: es un derecho fundamental que debe garantizarse sin excepciones", ha señalado Luna.

Pocas denuncias ante una misma vulneración de derechos

En el informe que ha enviado la Conselleria al Síndic durante la investigación, resulta llamativo el bajo número de denuncias registradas oficialmente, pese a la magnitud del problema. En los últimos cuatro cursos escolares, la Inspección Educativa ha contabilizado únicamente ocho reclamaciones en la provincia de Valencia, otras ocho en Alicante —incluyendo un caso especialmente conflictivo con 67 quejas relacionadas con el cobro de servicios de comunicación y comedor escolar— y ninguna en Castellón. Estos datos contrastan con la realidad de una red concertada que escolariza a más de 152.000 alumnos en 375 centros de toda la Comunitat Valenciana, lo que, a juicio del Síndic, evidencia una falta de fiscalización de oficio por parte de la Administración.

En su resolución, el Síndic denuncia que las actuaciones de la Conselleria se han limitado a gestiones administrativas habituales, sin una supervisión proactiva ni medidas específicas para garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad. Por ello, recomienda intensificar las inspecciones educativas, intervenir ante cualquier práctica contraria al régimen de conciertos, adoptar estrategias para eliminar la segregación derivada de las cuotas y garantizar la transparencia en la autorización y justificación de los cobros realizados por los centros.

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