El Consell debe inyectar 100 millones al año en vivienda para recibir 520 millones extra del Gobierno

La vivienda se ha instalado definitivamente como uno de los mayores problemas (si no el mayor) en el imaginario de los ciudadanos. Desde hace varios meses, de manera consecutiva, se sitúa como la mayor preocupación de los valencianos, a partir de un mix de precios disparados, escasez de oferta y falta de perspectiva para los más jóvenes que no disponen de patrimonio familiar. Ya ha habido manifestaciones. Y ahora, además de problema público, corre riesgo de convertirse en (otra) batalla política después de que partidos e instituciones hayan percibido ese malestar social y la necesidad de aportar soluciones.

La última propuesta del Gobierno de España, trasladada a los líderes autonómicos en la Conferencia de Presidentes de la pasada semana en Barcelona, parece haber encallado en la trinchera partidista. El Consell de la Generalitat está poniendo reparos al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ofrecido por Moncloa, que contempla un extra de 520 millones de fondos estatales para políticas de vivienda en la Comunitat Valenciana en esos próximos cinco años.

La oferta "irrechazable" del Gobierno al Consell: 520 millones más para vivienda

¿A qué se deben las resistencias del Consell? A las contrapartidas que impone el Ejecutivo central a cambio. La más importante, que la Generalitat deberá incrementar también su participación económica en el plan. Se trata de fondos cofinanciados por ambas administraciones, y el Gobierno de Pedro Sánchez exige que las autonomías eleven su participación del 30 % en el que se mueven actualmente, al 40 %.

Esto se traduce en cantidades importantes que, desde el Consell, alegan como pretexto para dejar en cuarentena un plan que el Ministerio de Vivienda ya ha comenzado a negociar con las comunidades abiertas a aplicarlo.

Las cifras

En términos globales, la propuesta del Ejecutivo central supondría incrementar los fondos destinados a vivienda en la Comunitat Valenciana de los 343 millones asignados para los últimos cuatro años, a razón de unos 85 millones por ejercicio, a 1.265 millones para el próximo quinquenio (2026-2030), 253 millones al año, el triple.

Para ello, la Generalitat debería elevar su parte de los 103 millones que pone en el actual plan 2022-2025 a 506 millones en los próximos cinco años. Es decir, se multiplicaría la aportación por cuatro al año, al pasar de unos 25 millones a 100 en cada ejercicio. Por su parte, el Gobierno central pasaría de aportar 60 millones al año a casi 152 millones.

El Consell ve una "trampa" la oferta de Sánchez para invertir 520 millones más en vivienda

Esta distribución de los incrementos no convence, de entrada, a la Generalitat. Así lo han ido exponiendo en los últimos días el propio Carlos Mazón o la vicepresidenta, portavoz y consellera de Vivienda, Susana Camarero, que han puesto el foco en que el esfuerzo que este plan implicaría para el Consell sería superior al que efectuaría el Gobierno. Mientras el Ejecutivo multiplicaría por 2,5 su aportación (de 60 a 152 millones), la Generalitat tendría que cuadruplicarlo (de 25 a 100).

Las condiciones

Mazón y Camarero, que justifican sus recelos a la propuesta en la escasa información de la que disponen, también han deslizado que el Gobierno obligaría, como contrapartida adicional, a aplicar la ley estatal de vivienda que las autonomías del PP rechazan, sobre todo por aspectos como el control de los precios de alquiler en las bautizadas como zonas tensionadas. “No vamos a intervenir los precios”, insistió este martes la vicepresidenta, que tildó de “chantaje” esta condición toda vez que admitió que el Gobierno no se la había transmitido oficialmente.

Una condición que, explican desde el Ministerio de Vivienda, no es así. La ley estatal de Vivienda circula por un carril y este plan ordinario, por otro. Las únicas exigencias para optar a los fondos, añaden las fuentes ministeriales, es que se dedique de manera importante a construcción de vivienda pública nueva y que, además, se blinde esa calificación de pública de estas nuevas construcciones a perpetuidad. El objetivo es evitar que, con el tiempo, acaben en el mercado libre, especulando o, en el peor de los casos, como ha ocurrido, en manos de fondos buitre por precios irrisorios.

El Consell aprobó, a finales del año pasado, un decreto sobre vivienda de protección pública en el que queda regulado este aspecto. Blinda a perpetuidad la titularidad pública de las viviendas construidas a iniciativa pública pero contempla diferentes supuestos cuando el promotor es privado. La oposición criticó que esta norma "deja en manos de la administración cuándo dejarán de ser protegidas", lamentando su "arbitrariedad" y la "inseguridad jurídica" que ello genera. Desde la Conselleria de Vivienda destacan, por su parte, que este decreto ha multiplicado el interés privado por la construcción de vivienda protegida.

La Generalitat también alegaba estos días la falta de fondos propios, por la infrafinanciación, para asumir este incremento de su aportación. La oposición, precisamente, recordaba este miércoles las rebajas de impuestos acometidas por el Consell, de unos 500 millones solo este 2024 según Airef. Este dinero al que se ha renunciado sería suficiente para sufragar la parte autonómica y recibir los 520 millones adicionales del Gobierno para vivienda.

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