Corrupción, cajas B y grabaciones: viejas conocidas de la política valenciana
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del caso Koldo recoge veteranas prácticas investigadas en causas con ADN valenciano con condenas y absoluciones
Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accede a la vivienda de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. / José Manuel López
La corrupción, las cajas B y las grabaciones son viejas conocidas de la política valenciana. Veteranas prácticas investigadas en causas con ADN valenciano que, a veces sí, a veces no, acaban en condenas. Y que acaban de volver a la palestra a cuenta del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al conocido como caso Koldo, al que después los investigadores han incorporado al exministro valenciano José Luis Ábalos, al empresario Víctor de Aldama y al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.
A pesar de las pruebas más que contundentes que se hayan podido recabar en esta causa, el análisis de los investigadores inicia un largo camino en el que las conclusiones a las que llegan los investigadores de la Benemérita deben refutarse desde el punto de vista judicial, por muy exhaustiva que sea la investigación policial, marca de la causa de los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Porque, como ayer recordaba el periodista de Prensa Ibérica Ernesto Ekáizer, "un informe de la UCO no es una sentencia definitiva".
Informes contundentes de la UCO también han existido en el caso Taula o el caso Erial, por citar dos ejemplos. Y la experiencia en grabaciones se remontan al caso Naseiro. Y el resultado de todas estas investigaciones ha sido dispar. El caso Naseiro, que afectó al Partido Popular, acabó archivado al anularse las escuchas policiales. Fue en esta investigación donde en 1990 debutó un joven Eduardo Zaplana en los 'hits' de grabaciones con aquel «me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro (...) tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?».
En el caso Taula las grabaciones corrieron a cargo de Marcos Benavent, el autoconfeso "yonqui del dinero", el "Koldo" de Xàtiva, asesor de Alfonso Rus, que también comenzó a grabar compulsivamente a sus correligionarios en el Partido Popular de la provincia de València como un seguro de vida. Por lo que pudiera pasar. En la audioteca de Benavent, grabada mientras pactaba mordidas o contaba comisiones, se incluye la famosa grabación del «mil, dos mil, tres mil... Dos ‘millons’ de peles» a cargo de Alfonso Rus. La investigación del caso Taula se inició en julio de 2014. Once años después la causa se ha saldado con 31 condenados, 22 absueltos y 81 archivos. Otros 45 están pendientes de juicio o sentencia, según el recuento elaborado por Levante-EMV.
La presunta caja b del PPCV investigada en el caso Taula no se logró condenar, a pesar de un informe tan contundente como el que elaboró la UCO de la Guardia Civil en septiembre de 2016. Como publicó Levante-EMV hace nueve años, las pesquisas iniciales revelaban indicios de una «supuesta estrategia de recaudación a nivel autonómico y provincial» con «fondos de procedencia ilícita» de la que se habría financiado no sólo el partido a nivel regional, sino que las sucursales corruptas se extenderían a las tres provincias (Castelló, Valencia y Alicante). Y la que se sumaría la del Ayuntamiento de València. En total cinco presuntas cajas de dinero en «b» al servicio del partido al mando de la Generalitat y de las principales instituciones valencianas durante dos décadas. Una de las fuentes de financiación sería la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat Sociedad Anónima), por cuyas mordidas existía «guerra de laterales»: una pugna por las comisiones que «tendría su origen en las distintas solicitudes, no siempre coincidentes, que recibía Máximo Caturla para predeterminar los concursos en Ciegsa», según aseguraba la UCO de la Guardia Civil.
La investigación sobre las cinco cajas b del PP no fructificó, a excepción de la que se investigó en la pieza A del caso Taula. Se trata de la caja b del PP de Rita Barberá para pagar las elecciones de 2007, 2011 y 2015, pero de las que finalmente sólo se pudieron probar judicialmente las trampas de 2007 y 2011, por las que acabaron condenados el exvicealcalde Alfonso Grau y dos estrechos colaboradores, en una sentencia pendiente de recursos ante el Supremo. Respecto a las mordidas en Ciegsa, la pieza separada G del caso Taula se archivó en julio de 2023 después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción que veía acreditadas las mordidas pero no la trazabilidad del pago entre presuntos corruptos y corruptores, como informó Levante-EMV.
No obstante, en el caso Gürtel, la pieza separada del delito electoral sí condenó las trampas electorales del PPCV en las campañas de 2007 y 2008. El tribunal concluyó que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana «sobornó en diferido» a nueve empresarios valencianos por «pura ambición de permanecer en el poder» para ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y nacionales de 2008 a «cualquier precio», según el fallo del Juzgado Central de lo Penal número 1 de la Audiencia Nacional, hecho público el 11 de junio de 2018 y firme un año después. En esta pieza también se condenó a nueve empresarios valencianos, a Ricardo Costa, secretario general del PP, su número dos David Serra, la gerente y la tesorera del PPCV. La trama Gürtel se saldó en la Comunitat Valenciana con 61 condenas y 21 absoluciones, entre otras las del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Por último, el caso Erial también logró condenar al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana junto a seis colaboradores y empresarios más, por el cobro de mordidas en la adjudicación de los concursos de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Aunque no por el supuesto amaño del concurso del Plan Eólico, a pesar de los exhaustivos informes aportados a la causa tanto por la UCO de la Guardia Civil como de la Agencia Valenciana Antifraude.
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