La Fiscalía denuncia en el juzgado los vestigios franquistas en un pueblo valenciano
El Ministerio Fiscal apunta que el Ayuntamiento de Benaguasil ha «ignorado» sus requerimientos, pero el alcalde expresa que ya respondieron a una petición de información

Imagen del mausoleo de Benaguasil. / Levante-EMV
La Fiscalía Provincial de Valencia, en concreto la sección de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha denunciado ante el juez decano de Llíria la posible infracción de la ley estatal de Memoria Democrática de 2022, por la no retirada de vestigios franquistas en el cementerio municipal de Benaguasil.
Fue un vecino de la localidad, V.V.P., quien puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, ante los que el ministerio fiscal ha pedido en diferentes ocasiones al ayuntamiento “información acerca de las medidas tomadas respecto a los citados hechos”, es decir, su retirada. Según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Levante-EMV, esta petición “ha sido reiteradamente ignorada por la citada corporación”.
Esta situación ha llevado a la Fiscalía a remitir estas diligencias de investigación al juzgado decano de Llíria, para que se inicie el procedimiento oportuno ya que estos hechos “pueden ser constitutivos de un delito de infracción de Memoria Democrática”.
La polémica no es nueva. Desde hace tiempo, entidades y partidos han denunciado la permanencia en el mausoleo central del cementerio de proclamas como "En memoria de los caídos", "Presentes" o "Caídos por Dios y por España". El ayuntamiento ha hecho caso omiso a estas peticiones. Esta situación también fue criticada en el Senado.
En la pasada legislatura, la ya extinta Conselleria de Participación y Memoria Democrática, en los años del anterior Consell de la Generalitat, envió al consistorio un requerimiento, sin éxito. El anterior gobierno valenciano, que impulsó una normativa propia sobre memoria democrática, creó un catálogo de vestigios franquista, que se actualizaba periódicamente. En el último catálago publicado, antes que llegara el Consell de PP y Vox en 2023, aparecían aún medio centenar de restos de huellas de la guerra o la dictadura en el espacio público: sobre todo en el callejero, pero también inscripciones como la denunciada en Benaguasil, cruces, monumentos o placas. Algunas han sido retiradas, según pudo constatar este diario.
Fondos para la retirada
Incluso se habilitó una partida de más de medio millón de euros para la concesión de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para la “puesta en valor de los lugares de la Memoria y retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura”, según los presupuestos de 2023. Estas ayudas han desaparecido tras la aprobación de la ley de Concordia, que elimina la ley valenciana de memoria democrática, aunque la estatal sigue vigente.
El alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, explica a este diario que la Fiscalía notificó al ayuntamiento una petición de información de un monolito "pero que ya está solucionado". Además, expresa que "no sabe por qué vestigios denuncian ahora, pero que las denuncias que realizan luego apenas tienen recorrido" y relaciona la denuncia con "Millorem Benaguasil" y con "algo que no es propiedad del ayuntamiento".
La memoria democrática está teniendo un acercamiento dispar en esta comarca. Esta misma semana, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se reunió con el primer teniente de alcalde y la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Llíria, Paco Gorrea y Consuelo Morató y con el presidente de la Agrupación de Familiares Víctimas del Franquismo-Fosas Comunes del Cementerio de Llíria, Sergio García, para analizar las subvenciones con las que se financia la tercera campaña de localización, excavación y exhumación de víctimas del franquismo en la localidad.
“La recuperación de la memoria democrática en España es para este Gobierno un deber institucional amparado por la legalidad internacional y nacional”, manifestó Bernabé, que aprovechó para criticar los presupuestos de la Generalitat Valenciana respecto a la memoria democrática y la ley de Concordia, de la que el Tribunal Constitucional ha tenido que suspender artículos que “conllevaban la restricción de los derechos de las víctimas y las actuaciones dirigidas a su protección y reparación”.
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