El PP se inmiscuye en las oposiciones 'jurídicas' de las Corts

Las Corts busca a dos letrados para su servicio de asistencia jurídica. Los puestos no están nada mal: son categoría A1, la más alta del escalafón del empleado público. Para ello, no obstante, deberán pasar un concurso-oposición; un proceso que el parlamento valenciano ya ha activado y que ha tenido por el camino algunos cambios y decisiones por parte de la Mesa de la cámara que han llamado la atención a algunos representantes de la casa.

El último movimiento fue el pasado martes con la elección de Magdalena González de la Red, vicepresidenta segunda de las Corts y diputada del PP, como encargada de presidir el tribunal que ha de guiar y controlar este procedimiento. Nada ilegal. Ahora bien, hay cierta mosca detrás de la oreja de Compromís. Porque esa responsabilidad recaía sobre la presidenta de la cámara, Llanos Massó, "o en la persona en quien delegue". González de la Red se ha propuesto ella misma, y PP y Vox, con mayoría en el órgano han aceptado.

El zumbido que desconcierta en la cámara es que González de la Red no ha tenido un papel testimonial en todo el proceso de convocatoria de esta oposición. Elegida como miembro de la Mesa de las Corts a finales de marzo en sustitución de la socialista Gabriela Bravo, la parlamentaria 'popular' propusto realizar cambios en unas bases que ya estaban encaminadas desde el mes anterior, cuando el borrador de su convocatoria había pasado por el órgano de coordinación y gobierno de la cámara.

Este primer borrador, elaborado directamente por el Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de las Corts, contó con el voto favorable de los miembros de la Mesa y posteriormente recibió el visto bueno de los órganos de fiscalización internos del parlamento: el letrado encargado de Personal, el Consell de Personal de la cámara autonómica y la Intervención de las Corts en el apartado económico. Sin embargo, antes de su aprobación final, la vicepresidenta segunda de la Mesa pidió realizar cambios, tal como queda recogido en los informes de los letrados.

"Gran responsabilidad"

Estos se sustanciaban, en primer lugar, en un cambio en los baremos al reducir la puntuación de 1,5 a 1 de poseer el título de doctor en Derecho y aumentar de 0,5 a 1 contar con una segunda titulación universitaria; ampliar la valoración a las conferencias relacionadas con el Derecho Parlamentario al incluir las de "contenido jurídico". No obstante posteriormente, proponía cambios (que han sido los aprobados) que, según señala un informe de los servicios jurídicos de las Corts, "alivian" la carga de estudio y añaden ciertas facilidades.

Las más llamativa es la eliminación del requisito de obtener como mínimo un 3 de puntuación sobre 10 en las preguntas de cada uno de los temas que componen los distintos ejercicios. En este sentido, según las bases iniciales, se hacen tres ejercicios (dos disertaciones escritas y una oral) sobre tres temas relacionados con el conocimiento jurídico parlamentario en cada uno de ellos. Para pasar de fase se necesitaba obtener en cada tema un 3. Ahora, tras el cambio propuesto por la diputada del PP y votado por los 'populares' y Vox (y con rechazo de Compromís), ya no.

"No ha de olvidarse la gran responsabilidad que asumirán las personas que superen el concurso oposición y adquieran una de las dos plazas de Letrado/a de Les Corts, lo que justifica que se efectúe un requerimiento de formación jurídica especializada adecuado a aquella exigencia", advierte el informe del letrado tras los cambios donde explica que estos pueden "posibilitar que supere el primer ejercicio un opositor que no acredite conocimiento alguno en materia de Teoría del Estado y Derecho Constitucional" o de Derecho Autonómico en el segundo.

El caso de Antifraude

Consultadas por la motivación de estos cambios, fuentes próximas a González de la Red justifican las modificaciones a que comparando con convocatorias anteriores "se valoró que ya era bastante exigente", algo que provocaba que ni siquiera se generase una bolsa después para interinidad y que alguna pequeña modificación que se introducía para esta ocasión "aún lo hacía más complicado". Asimismo, remarca que el cambio "es mínimo y nada sustancial". Además, el propio informe rechaza "motivo alguno de antijuricidad". 

También está entre los cambios que se encomiende al tribunal de las oposiciónes "la elaboración de dos supuestos prácticos para cada uno de los dos ejercicios de la parte práctica de la fase de oposición, debiendo ofertarse a las personas opositoras la posibilidad de elegir, en cada uno de aquellos ejercicios, uno de los dos supuestos preparados por el Tribunal". Este será el que presida González de la Red y esté compuesto por el letrado mayor de las Corts así como otros juristas de otros parlamentos.

Los letrados de las Corts forman parte de la Asesoría Jurídica de la cámara y son los responsables de, entre otras funciones, elaborar dictámenes e informes sobre la actividad de la cámara o las iniciativas legislativas que se tramiten en esta. Por ejemplo, durante esta legislatura, los servicios jurídicos del parlamento anularon la (primera) candidatura de Eduardo Beut a dirigir la Agencia Antifraude, hoy director, o también acabaron validando el voto por pronunciamiento sobre una PNL de Compromís para que dimitiera Carlos Mazón.

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