Denuncian un agravamiento del "colapso" judicial por el cese de 377 interinos por parte de Justicia

El compromiso era mantener y renovar a la gran mayoría de los refuerzos con los que cuentan los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana desde hace seis meses, pero no ha sido así y la reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar ya que los recortes "agravarán un sistema ya colapsado". Por ello, desde los sindicatos STAJ, CSIF y UGT afirman que el "caos" judicial este verano está asegurado.

Ante la ausencia de nuevos órganos judiciales en la Comunitat Valenciana por parte del Ministerio de Justicia, la dirección General de Justicia (DGJ) de la conselleria optó por "nombrar personal de refuerzo allí donde fuese necesario y les llegase el presupuesto", explican desde el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los 377 funcionarios interinos incorporados en enero fueron anunciados por la propia administración como un refuerzo para agilizar el servicio judicial, pero ahora se está notificando su cese. "Nunca, en los años que llevamos conviviendo con juzgados reforzados, se había recortado de esta forma", han denunciado desde el sindicato, para el que este recorte no tiene precedentes desde la puesta en marcha de los refuerzos, iniciados durante la primera legislatura de la entonces consellera Gabriela Bravo", añaden.

Fuentes de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) recalcan que estas últimas decisiones adoptadas por el departamento que dirige Nuria Martínez "pueden abocar al colapso" del sistema ya que "la orden de suspensión de provisión temporal de puestos de trabajo impedirá que entre el 15 de junio y el 15 de julio se cubran cientos de plazas" y hay que tener en cuenta que este plazo "coincide con el proceso de acoplamiento de los juzgados afectados por la implantación de los tribunales de instancia y la resolución del último concurso de traslados de los cuerpos generales".  

Concurso de traslados

Fuentes del STAJ recalcan que en el concurso de traslados publicado el día 17 "no se van a cubrir las plazas que se queden libres a consecuencia del mismo, con lo que nos encontramos con juzgados en los que entre los refuerzos que cesan y los que se van en el concurso y no cubren con interinos sus plazas, apenas van a mantener la mitad del personal, el cual también tendrá que disfrutar las vacaciones estivales. Conclusión, juzgados colapsados que se van a encontrar sin personal para hacerlos funcionar, lo cual acarreara mas retrasos, suspensiones y hartazgo por parte de la ciudadanía". Además, recuerdan que en esta situación se encuentran partidos judiciales con juzgados de violencia de genero o, incluso, el de Catarroja "con nada mas y nada menos que 10 ceses por no renovación de refuerzos".

De 1,5 a 14 millones de euros

El coste anual del personal de refuerzo en los juzgados rondaba, en sus inicios, los 1,5 millones de euros. El coste se ha incrementado hasta los 14 millones, una cifra que la Conselleria consideraría inasumible, según indica CSIF. "La suma de plantillas reducidas y de los cambios tecnológicos y organizativos deja a la Justicia en una situación de precariedad, sin refuerzos suficientes ni previsión de nuevos juzgados, lo que afecta tanto a la carga laboral de los funcionarios como a los derechos de los ciudadanos", concluyen desde la CSIF.

UGT explica que ante el "caos" que se avecina, la Conselleria de Justicia emitió el pasado miércoles una circular en la que trata de aliviar las consecuencias de la orden de suspensión de provisión de puestos de trabajo, pero al no retirarla, "las modificaciones no serán suficientes para evitar que muchas plazas queden sin cubrir en un mes tan crítico como el de julio". UGT calcula que estos procesos de movilidad afectarán a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras, con lo que "el impacto puede ser enorme y con graves consecuencias para la prestación del servicio de Justicia".  "Y todo ello sin presupuestos para adecuar las sedes judiciales a la nueva estructura organizativa. La nueva conselleria no ha sabido o no ha podido negociar en los presupuestos recién aprobados la incorporación de fondos necesarios para acometer este importante cambio de modelo. De esta manera, a partir del 1 de julio, el cambio anunciado de los tribunales de instancia será, en la práctica, un simple cambio nominal, sin un despliegue real en infraestructuras ni condiciones adecuadas para el personal", concluyen.