La UCO concluye que los socialistas Rubio y Vera cobraron comisiones de la "operación colegios" impulsada por el PP de Rita Barberá

Una de las cuatro presunta tramas que se investiga en el caso Azud es la «operación colegios», la iniciativa de cuatro empresas promotoras (Grupo Axis, Gesfesa Valencia, Grupo Nueva Esfera y Astroc Mediterráneo), comandadas por el empresario Jaime Febrer, para asumir la deuda que el Ayuntamiento de València mantenía con diez congregaciones religiosas por cambios en el Plan General de ordenación urbana (PGOU), a cambio de quedarse tres parcelas municipales. Unos terrenos públicos que supuestamente eligieron los promotores investigados en la causa (Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando) con la presunta connivencia de funcionarios municipales y políticos. En la operación, el Ayuntamiento de València perdió al menos 14 millones de euros, como contó Levante-EMV. 

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado ayer al caso Azud, confirma también que dos destacados miembros del PSPV, el exportavoz municipal Rafael Rubio y el abogado José Luis Vera supuestamente cobraron 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, en presuntas comisiones por el silencio o las gestiones urbanísticas realizadas en la "operación colegios". Una actuación urbanística que impulsó Alfonso Grau, el exvicealcalde de València y mano derecha de la alcaldesa de 1991 a 2015, Rita Barberá. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula "atendiendo a los indicios recabados, por parte la mercantil Mediterránea de actuaciones integradas (MAI) -Axis, Gesfesa, Nueva Esfera y Astroc-, se habría acordado el pago de comisiones de naturaleza ilícita por un importe superior a los 1,9 millones con motivo de esta operación urbanística" que se habrían destinado, entre otros, a Alfonso Grau. Aunque este desglose no forma parte del informe notificado ayer que se centra en los pagos a los dos políticos socialistas.

Alfonso Grau habría cobrado un millón de euros y Rafael Rubio 300.000 euros en mordidas de la trama urbanística

Sobre Rafael Rubio, portavoz del grupo municipal socialista de València desde 2002 a 2007, la UCO de la Guardia Civil asegura que "de la documentación e información analizada de la operación desarrollada entre la mercantil MAI y el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio habría sido destinatario de una comisión por un importe que oscilaría entre 300.000 euros y 750.000". Además, en lo que respecta a la forma de pago, todos los elementos recopilados apuntaban a que la misma sería entregada en efectivo". Sobre estas diferentes cantidades, la UCO de la Guardia Civil señala que "en la mayor parte de los documentos de tablas de costes [que se incautaron al empresario Jaime Febrer] se asocia a la cantidad de 300.000 euros, si bien en uno de los mostrados anteriormente las siglas "R. R." [que la UCO achaca a Rafael Rubio] se vinculan con dos cuantías: 300.000 € y 450.000 €".

El caso Azud cumple cinco años de instrucción desde la detención del cuñado de Barberá

Caja de seguridad e ingresos mínimos

La UCO de la Guardia Civil también analizó la información bancaria y tributaria del exconcejal socialista en el Ayuntamiento de València y su entorno más cercano que, según la Guardia Civil, permitió "detectar operativas que, tanto por la fecha en la que se producen como por su propia naturaleza, serían indicativas de la percepción de esta supuesta comisión ilícita por su parte". Al respecto, los agentes también detectaron dos detalles "relevantes": La contratación el 14 de agosto de 2007 de una caja de seguridad por parte de Rubio en una sucursal bancaria en la Plaza del Ayuntamiento de València. Y, "de forma simultánea, se produjo un cambio en la dinámica de movimientos de las cuentas bancarias [...] a partir del segundo semestre del año 2007, se llevan a cabo un gran número de imposiciones en efectivo" hasta 2010 y "de forma más residual, durante 2011 y 2012".

Según la Guardia Civil, "los fondos abonados en efectivo en los productos bancarios vinculados a Rafael Rubio asciende a 197.256 euros". Ingresados con una "recurrencia y en muchos casos falta de lógica" cuya finalidad "podría ser evitar las preceptivas comunicaciones a los órganos de prevención y control". Los ingresos eran de "cuantías por debajo del umbral de 3.000 euros: de las 77 imposiciones en efectivo que se han considerado (producidas entre los años 2007 y 2012, ambos incluidos), 41 (el 58% de las imposiciones, alcanzando el montante total de 104.416 €) los son por importes que oscilan entre los 2.000 € y los 3.000 €)". Los agentes han obtenido datos de 16 de las 77 imposiciones y las han cruzado con las visitas a la caja de seguridad por lo que observan "cierta correspondencia entre ambos". Y la "evidencia" de que "en 19 de las 24 ocasiones en las que se visita la caja, ese mismo día o en los días inmediatamente posteriores, se producen abonos en efectivo en los productos bancarios".

Facturación a través de empresas

Respecto al abogado José Luis Vera la UCO de la Guardia Civil lo identifica como "otro de los perceptores de las supuestas comisiones investigadas" y dos de las cuantías suponen un "importe conjunto de 150.000 euros que habrían tenido como destinatario a José Luis Vera" a través de facturación de dos mercantiles.

Las cuatro tramas del caso Azud