La hija y el yerno del exvicealcalde Alfonso Grau se niegan a declarar desde EE UU por su implicación en el caso Azud
Los dos familiares investigados por presunto blanqueo de capitales comparecieron por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 13 y se les comunicó formalmente su investigación en la causa

Alfonso Grau abandona su vivienda en presencia de un agente de la UCO de la Guardia Civil, tras el registro de su vivienda el 13 de mayo de 2021. / Miguel Ángel Montesinos
La hija y el yerno del exvicealcalde de València Alfonso Grau han podido ser finalmente informados de su condición de investigados en el caso Azud por su presunta participación en la evasión de dinero procedente de supuestas mordidas a Estados Unidos donde ambos residen, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. El matrimonio conformado por María Ángeles Grau y Kent Lawrence comparecieron formalmente hace unos días ante el Juzgado de Instrucción 13 de València y el Fiscal Anticorrupción del caso Azud. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar en calidad de investigados, según ha podido confirmar este periódico.
La pareja residente en Estados Unidos habría sido la receptora de diversas cantidades de dinero ingresadas por el exvicealcalde Alfonso Grau en una cuenta abierta a nombre de su hija y su yerno en la entidad bancaria JP Morgan. Las pesquisas de los investigadores del caso Azud siguiendo el rastro del dinero se descubrieron al levantarse el secreto del sumario de las piezas separadas «2, 3, 4, 5 y 6» de la causa, en septiembre de 2024. Entre las sorpresas que deparaba esta parte secreta estaba el pago de una mordida de un millón de euros, entre otros, a Alfonso Grau a cambio de favores urbanísticos en el Ayuntamiento de València y que el político y mano derecha de Rita Barberá habría ocultado en cuentas bancarias abiertas en EE UU, donde reside una de sus hijas junto a su marido.
El rastreo de la investigación americana se realiza en colaboración con las autoridades americanas a través de la comisión rogatoria enviada a EE UU por la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de València. Los investigadores del caso Azud señalaba a la justicia estadounidense que "Alfonso Grau Alonso habría cometido los delitos de cohecho, de prevaricación, de tráfico de influencias y falsedad documental entre otros cuando ostentó, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2002 a 2015, el cargo público de vicealcalde del Ayuntamiento de València, y fue presidente de la entidad pública Aumsa dependiente del Ayuntamiento de València".
Según la investigación remitida a Estados Unidos por los investigadores del caso Azud las comisiones delictivas "se empezaron a entregar en julio de 2007 y cuyos receptores eran los investigados María Ángeles Grau y su esposo Kent Lawrence Baker y el destino del dinero la cuenta abierta a nombre de ambos en la entidad JP Morgan". A Grau, su hija y su yerno se les investiga por un "presunto blanqueo de capitales" que supuestamente "se inició en el año 2002 mediante la adquisición en España de un inmueble en el que la cuenta origen del abono tiene ingresos de procedencia indiciariamente delictiva dado que Alfonso Grau es funcionario público y por consiguiente sus ingresos por trabajo están perfectamente identificados", relataba la titular del Juzgado de Instrucción 13 en la comisión rogatoria remitida a EE UU.
Aunque la cifra aún no es definitiva, los investigadores del caso Azud calculan que Alfonso Grau podría haber percibido «al menos» dos millones de euros en efectivo, con un incremento patrimonial, entre 2004 y 2014, que los analistas de la Guardia Civil cifran en casi 730.000 euros, dinero que se habría diluido en cuentas y productos bancarias, en cajas de seguridad y aportaciones a una empresa familiar.
A ello se sumarían cuatro propiedades inmobiliarias en cuyos pagos colaboró supuestamente el empresario Jaime Febrer, investigado también en el caso Azud. A saber: el piso de lujo en la plaza Porta de la Mar de València, el domicilio familiar de Grau –y donde ha sido detenido en dos ocasiones, por el caso Azud, en 2021, y por Clepsidra, en 2016–, un local comercial en la Gran Vía Fernando el Católico de València y un bajo y un garaje en la avenida de las Jacarandas de Burjassot, según consta en el sumario del caso Azud.
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