La patronal de las residencias advierte de que los impagos del Consell multiplican el riesgo de cierre

Desde el pasado mes de enero, la Conselleria de Igualdad no ha contabilizado las facturas correspondientes a los servicios prestados por las entidades gestoras de residencias de personas mayores. De esta manera, "ni con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario pendiente de liquidar por parte del Gobierno de España se podría hacer frente a corto plazo a esta grave situación, ya que los expedientes afectados deben reiniciarse por completo y volver a tramitarse desde su fase inicial, lo que ralentiza aún más el proceso de pago".

Así lo asegura la patronal Aerte, que denuncia que "este bloqueo administrativo ha generado un efecto dominó sobre las entidades gestoras: la deuda acumulada ha aumentado de forma considerable, poniendo en peligro el pago de las nóminas del personal y comprometiendo la viabilidad económica de los centros".

De hecho, advierten de que algunos centros pueden verse próximamente en riesgo de cierre ante la imposibilidad de sostener los costes estructurales sin un escenario de liquidez por parte de la Administración autonómica.

“Licitación ya”: Trabajadores y usuarios de residencias de la red pública protestan por el bloqueo salarial

Fuentes de Conselleria de Educación explican que se trata de una cuestión financiera derivada del bloqueo del Extra FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) por primera vez en trece años "por motivos exclusivamente de tacticismo político y que está asfixiando económicamente a la Generalitat", reivindican. Por eso "la consellera de Hacienda y cada día la vicepresidenta Susana Camarero exigen cada día su desbloqueo".

Sistema crítico

Desde el punto de vista de la gestión pública, "esta situación constituye un agravante crítico que tensiona aún más un sistema ya fragilizado por la introducción de criterios de contratación que no priorizan la solvencia ni la estabilidad", critican desde Aerte.

El retraso en los pagos "no solo evidencia una desconexión entre las decisiones políticas y los procedimientos administrativos", sino que también revela "una ausencia de mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en contextos de incertidumbre presupuestaria", reivindican.

Para los gestores de las residencias, este nuevo escenario "refuerza la urgencia de revisar los instrumentos de gobernanza en el sistema de servicios sociales, incorporando criterios de previsibilidad financiera, seguridad jurídica y sostenibilidad operativa que protejan tanto a las entidades proveedoras como a las personas usuarias, principales afectadas por los efectos acumulados de una planificación deficiente", explican.

Protestas por el nuevo modelo

Este comunicado de la patronal llega en un momento de conflictividad con la Conselleria de Igualdad por parte de las asociaciones de usuarios. Recientemente protestaron porque el nuevo decreto de Tipologías (que regula todos los aspectos de los centros) "implica el regreso de macrorresidencias con hasta 150 plazas, un modelo más rentable pa ra la sempresas que gestionan los centros y que aseguraban que el modelo diseñado por el Botànic (y que fijaba un máximo de 120 plazas" era "inviable".

Por ello, el Consell no ha dudado en aumentar el número de plazas en el decreto que marcará las características que deben tener los centros y residencias de Servicios Sociales, algo que ha generado las críticas de las asociaciones que lamentan el regreso de los macrocentros y abogan "por reducir drásticamente el tamaño de las residencias". Así conta en las alegaciones presentadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al decreto de Tipologías, tras criticar el modelo residencial tradicional y exigir "que se priorice alternativas basadas en la comunidad, como las viviendas con apoyo y la asistencia personal".

El actual decreto se marca un mínimo de 9 plazas y un máximo de 150, lo que supone aumentar en un 25 % el número de residentes. Y aunque se estructuran en unidades de convivencia también aumentan el número de plazas al pasar de 15 a 25.

El modelo, pese a esto, está muy falto de plazas según las estimaciones de la Asociación de Directoras y Directores de Servicios Sociales, que asegura que los geriátricos tienen un déficit de casi 25.000 plazas para mayores de 65 años.

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