Tribunales
Ocho meses de instrucción con el aval de la Audiencia de València a la jueza de la dana
La investigación por las 228 muertes y las lesiones del 29 de octubre avanza a un ritmo que otras causan o juristas envidian. Ocho meses en los que la magistrada también ha logrado el aval de la Audiencia de València a sus decisiones.
Asistentes presenciales a la reunión del Cecopi en la única foto que se conoce del 29 de octubre. / Levante-EMV
Ocho meses de instrucción de la dana. Seis desde que la investigación se centraliza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Ocho meses en los que no se ha dejado de avanzar en la instrucción de la causa. Para hacerse una idea, en este mismo plazo de ocho meses, la jueza que investigó el accidente del metro del 3 de julio de 2006 archivó la causa por primera vez tras una única declaración de un perito.
Un total de 19 tomos, 3.500 folios y 228 piezas separadas
En estos ochos meses ya se han abierto 228 piezas separadas, una por cada una de las 228 personas fallecidas durante la dana del 29 de octubre y también por las personas que sufrieron lesiones, que también pueden personarse. La instrucción ya ha alcanzado los 19 tomos y superado los 3.500 folios. Y reúne a 21 acusaciones particulares de familiares de las víctimas mortales o las personas lesionadas, algunas agrupadas en la Asociación de damnificados dana Horta Sud o SOS Desaparecidos. A las que se suman catorce acusaciones populares conformadas por partidos, sindicatos o asociaciones diversas.
Dos únicos acusados, por ahora
En la causa se investiga por ahora a la exconsellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia del 29 de octubre, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Que se enfrentan a la acusación de haber cometido los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes por el retraso en el envío de la alerta a la población para que pudiera protegerse de las barrancadas y la riada del 29 de octubre.
Los avales de la Audiencia de València
Aunque además de estas macrocifras de la causa de la dana, en estos primero ocho meses, la instrucción que dirige la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha recibido dos contundentes avales de la sección segunda de la Audiencia de València que ya se ha pronunciado sobre las decisiones adoptadas por la magistrada y que ha sido recurrida por tierra, mar y aire por las defensas de los dos investigados y de algunas acusaciones particulares y populares.
Los daños materiales, las obras pendientes y la investigación a Pilar Bernabé
El primer aval rotundo y contundente de la sección segunda de la Audiencia de València a las decisiones adoptadas por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra llegó el 19 de mayo. Los magistrados de la sección segunda se pronunciaron sobre quién ejercía el mando único el 29-O y la responsabilidad de la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé, a quien se ha pretendido investigar) en la gestión de la emergencia; si se mantenía la exclusión de los daños materiales de la investigación y confirmar el rechazo a que se indague sobre las obras hidráulicas no ejecutadas en el barranco del Poyo o la Saleta, además de mantener la fianza de 6.000 euros a una acusación popular que pretendía que fuera «simbólica» y no los 6.000 euros impuestos por la magistrada.
Decisiones firmes contra las que no caben recursos
Cabe destacar que, al ser los primeros recursos que se debatían de esta causa, los seis magistrados de la sección segunda formaron «sala para la deliberación y resolución [por] todos los magistrados de la sección» lo que revela la solemnidad que se le quiso dar a las resoluciones que iban a debatir y dictar. Las decisiones se han adoptado por unanimidad en todos los casos, según confirman los seis magistrados en cada uno de los autos notificados. Se trata además de decisiones firmes contra las que no cabe recurso.
En esta primera batería de autos dictados por la sección segunda los magistrados rechazaron la petición de la Asociación damnificados dana Horta Sud para extender la investigación a «las lesiones psicológicas», los daños materiales o las obras hidráulicas que se no ejecutaron. Un argumento también esgrimido por la defensa de la exconsellera, Salomé Pradas.
Consideraban los magistrados que la querella de la Asociación damnificados dana Horta Sud no aporta «la posible existencia de normas que impusieran la ejecución de trabajos u obras en los cauces para evitar las consecuencias de incrementos de caudal como los del 29 de octubre de 2024». Y similar argumento esgrimieron respecto a la «gestión de cauces e inundaciones y su mantenimiento». Sobre los daños materiales, la sección segunda considera que el argumento de que «el envío del mensaje con antelación hubiera evitado los daños que pudieran haber sufrido los querellantes resulta una hipótesis que carece de relato».
La sala también apoyó la decisión de la magistrada de no investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé por no declarar la «emergencia nacional», como solicitaba en un recurso la asociación ultracatólica Hazte Oir. Era también uno de los mantras que intentó introducir en el relato oficial de los hechos la Generalitat.
¿Quién ejercía el mando único?
La Audiencia avaló al respecto que el 29 de octubre tras declararse «la emergencia situación 2, la consellera [de Justicia, Salomé Pradas] ejerce el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil». Respecto a la declaración de emergencia nacional, aclaraban que la delegada del Gobierno "no es la competente". Y que «ni siquiera fue solicitada por quien tiene la competencia de protección civil, la comunidad autónoma, que hay que suponer es quien conoce sus recursos para hacer frente a la situación».
En otra resolución conocida el 19 de de junio los magistrados de la sección segunda también confirmaron la imputación de la exconsellera Pradas y rechazó investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo, y reiteró su postura sobre Bernabé. Además de negar el supuesto "apagón informativo" que defendía la Generalitat.
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