El Tribunal de Cuentas no halló delito en 30 contratos covid de más de 150 millones que facilitó Torró

El organismo fiscalizador cerró el caso al no encontrar ilícitos contables en esas operaciones mientras Antifraude tampoco vio delito en otras 11 operaciones de compra de material sanitario

Un avión procedente de China con material sanitario contra la covid aterriza en Manises, en abril de 2020.

Un avión procedente de China con material sanitario contra la covid aterriza en Manises, en abril de 2020. / EFE

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

Dirigir la Secretaría de Organización del PSOE es asumir un puesto de máxima relevancia política y también mediática. Más todavía en el contexto actual, en el que los dos últimos ocupantes de ese cargo, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están acechados por contundentes sospechas de corrupción aprovechando, precisamente, el ejercicio de esas funciones orgánicas.

Toda esa presión la ha debido sentir ya Rebeca Torró, designada por Pedro Sánchez como nueva número 3 del partido. Apenas unos minutos después de que trascendiera su nombramiento, a primera hora de este viernes, comenzaban a proliferar en los ámbitos de comunicación conservadores informaciones que la vinculan con supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante su época de secretaria autonómica en el Botànic, con adjudicaciones de obra a una empresa vinculada al caso Koldo cuando ya era consellera e incluso con algo parecido a un 'fevemocho' en el tranvía entre Dénia y Alicante, también ya como titular de Obras Públicas en el Consell de Ximo Puig.

El PP nacional y autonómico no tardaron en subirse al tren. "Adjudicó contratos a empresas vinculadas a la trama de Santos Cerdán y está siendo investigada por Antifraude, esta es la carta de presentación de la nueva secretaria de Organización de Sánchez, la valenciana Rebeca Torró", sentenciaba la formación de Carlos Mazón en redes sociales, haciéndose eco de esas informaciones.

Déficits, pero no fraude

Es cierto que la Agencia Antifraude investigó el procedimiento de contratación empleado por el Botànic durante la pandemia para la compra de material sanitario, pero consideró finalmente que no había fraude o delito de corrupción en los once contratos en los que indagó y que sumaban más de 18 millones de euros.

Sí que apreció defectos a subsanar en la contratación a empresas que no tenían por objeto social proveer productos sanitarios. En todo caso, esas pesquisas atañían a la Conselleria de Sanidad, la competente para contratar y de la que nunca ha formado parte Torró, que no firmó ninguno de esas adjudicaciones.

En paralelo, el PP también denunció ante Antifraude otro contrato de casi 45 millones sellado con Comité Textil SL, firma vinculada al empresario Chen Wu Keeping y con quien Torró, que tenía relación previa, medió para conseguir ese material. Los populares trataron de implicar a la socialista alegando que "la única justificación" para contratar con esta mercantil era esa "relación personal" de la exconsellera con el empresario chino.

Sin delito en compras por 152 millones

Sin embargo, Antifraude no ha emitido resolución alguna al respecto pasados dos años y medio. El PPCV tampoco aportó este viernes ninguna información relativa a esta investigación a consultas de este periódico.

Además, Levante-EMV ha accedido a un acta de liquidación del Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador superior a Antifraude, en la que constata que "no se puede determinar un presunto ilícito contable" tras indagar en otros 30 expedientes de compra de material sanitario por valor de más de 152 millones de euros.

Adjudicaciones a la trama Koldo

Pero el principal flanco de ataque del PP a Torró ha sido la adjudicación de contratos, siendo consellera y en este caso sí con su firma, a Levantina de Ingenieria y Construcción, implicada en el caso Koldo. Desde el entorno de la nueva secretaria de Organización socialista recuerdan que esta firma tiene un largo recorrido como adjudicataria de la adminitración y que "no está siendo investigada por ninguna de las contrataciones de esa etapa", entre mediados de 2022 y 2023.

Rebeca Torró.

Rebeca Torró. / Levante-EMV

Unos argumentos prácticamente idénticos a los empleados por el Consell de Carlos Mazón para protegerse de las acusaciones lanzadas desde la izquierda por los contratos de emergencia firmados por su gobierno con firmas implicadas en la trama Gürtel.

El 'fevemocho'

La tercera vía para cuestionar a Torró, y a la que se ha sumado de viva voz el propio Mazón, ha sido acusándola de generar un 'fevemocho' (como se denominó el caso en el que trenes de Renfe no cabían por los túneles) valenciano siendo también consellera.

"Tuvo la habilidad de comprar unos tranvías que no pasaban por los puentes", señaló Mazón acusando a Torró de adquirir trenes para la línea de tranvía Dénia Alicante que las vías no podían asumir por su peso. Un relato que Torró ya negó estando en el Botànic y que ayer su entorno volvió a desmentir.

FGV invirtió 150 millones en esas obras para renovar infraestructuras y maquinaria, abandonadas en época del PP. La dificultad de modernizar algunos tramos, con puentes elevados centenarios, hizo que esos nuevos trenes no pudieran pasar por los viaductos hasta que se completara su rehabilitación.

Como alternativa "temporal" mientras se modificaban estos puentes, añaden, se optó por improvisar un transbordo que obligaba a los pasajeros a bajar del tren y tomar un bus para superar esos tramos incompatibles con los nuevos trenes mientras se acometen las obras en esos tramos. En 2024, ya con Mazón en el Consell, el tren volvía a circular por puntos como el viaducto del Mascarat.

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