Los agentes sociales valencianos rechazan pactos "bilaterales" o "singulares" para la financiación

Rechazo de los agentes sociales y económicos de la Comunitat Valenciana al modelo pactado por el Gobierno central y la Generalitat catalana para reformar la financiación. La patronal valenciana CEV, UGT PV y CCOO PV, entidades que están dentro de la Plataforma pel finançament just, han manifestado en un comunicado conjunto su posicionamiento sobre el cambio del sistema de reparto y lo han hecho desmarcándose de cualquier acuerdo que sea "bilateral" o "singular".

"La reforma de un sistema común que afecta a quince comunidades autónomas y a la Administración General del Estado no puede ser predeterminada de forma bilateral, es una cuestión de lealtad institucional y de respeto a la arquitectura constitucional del Estado", expresa el primer punto del comunicado firmado por las tres organizaciones, remarcando que cualquier debate sobre la reforma, "aunque tenga su origen en acuerdos bilaterales, se debe producir de forma multilateral, transparente y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Los agentes sociales y económicos son parte fundamental del debate sobre la financiación en la Comunitat Valenciana. Se han convertido en el cemento que intenta unir a los distintos partidos que forman parte, siendo críticos con algunos de sus movimientos, a los que han reprochado la "politización" del debate. Hace mes y medio, fueron estas entidades las que rechazaron reunir a la plataforma para evitar una posible ruptura interna.

Así, además de la crítica al modelo bilateral, remarcan que el sistema de financiación autonómica "debe basarse en reglas comunes y criterios objetivos que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos fundamentales". "El debate debe centrarse en las necesidades de las personas, no en supuestos equilibrios de balanzas fiscales territoriales, un concepto que carece de rigor jurídico y se presta a la manipulación política", añade, desmarcándose de la vía emprendida por el Ejecutivo central.

"Principios irrenunciables"

En la vía de peticiones, UGT PV, CCOO PV y CEV han defendido que el nuevo modelo de financiación que se negocie debe pivotar sobre "un conjunto de principios irrenunciables, alineados con el consenso alcanzado en la sociedad valenciana y los mandatos constitucionales": la suficiencia del sistema, la equidad, transparencia, corresponsabilidad, solidaridad y cohesión.

En ese sentido, han reclamado "una mayor aportación de recursos por parte del Estado al sistema en su conjunto", que se siga el criterio de la población ajustada, que se fomente la corresponsabilidad fiscal de las comunidades y que el principio de solidaridad sea el "eje vertebrador" del sistema. Así, defenden una "revisión crítica del estatus privilegiado de los regímenes forales, cuya contribución a la solidaridad interterritorial es manifiestamente insuficiente".

En su comunicado conjunto, los agentes económicos y sociales han puesto el foco en las "demandas históricas de la sociedad valenciana en relación a la reforma del sistema de financiación". Entre ellas, han citado en primer lugar "la reforma urgente del sistema de financiación", el reconocimiento y la compensación de la deuda histórica generada por la infrafinanciación; la ejecución de inversiones del Estado en el territorio que sean proporcionales al peso poblacional y "la implementación de mecanismos transitorios de nivelación".

Falta de acuerdo

Asimismo, las tres entidades lamentan que "la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para la renovación del sistema de financiación, lejos de ser una excusa, se ha convertido en una forma de negligencia constitucional que permite la vulneración continuada de los mandatos de la Carta Magna". "No es un mero retraso administrativo; constituye una anomalía jurídica que socava principios constitucionales fundamentales", ha añadido.

"Los agentes sociales y económicos valencianos exigimos con la máxima firmeza el fin de esta anomalía. Reclamamos un nuevo sistema de financiación que sea transparente, justo y suficiente. Un sistema que garantice que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan el respaldo de unos servicios públicos suficientemente financiados y que todas las comunidades autónomas puedan ejercer su autogobierno en un marco de equidad, solidaridad y responsabilidad", han manifestado.

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