El TSJCV ignora la petición de la junta de jueces y acuerda que el juzgado de la dana vuelva a Catarroja
La sala de gobierno del alto tribunal valenciano basa su decisión "en un informe de la Conselleria de Justicia"

Protesta de los familiares de víctimas mortales y afectados por la dana el día que declararon la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso. / Miguel Ángel Montesinos
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado el regreso de todos los órganos judiciales de Catarroja a la sede de l'Horta Sud, gravemente afectada por la dana. Durante estos casi nueve meses los cinco juzgados de Catarroja se han trasladado a la Ciudad de la Justicia de València. Según informan fuentes oficiales del TSJCV, la decisión se basa en "un informe remitido por la Conselleria de Justicia", adelantado por Levante-EMV, en el que señala que la sede judicial de l'Horta Sud ya está "rehabilitada y plenamente operativa tras los daños sufridos a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre".
"La decisión se va a elevar para su conocimiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" que ya no tendrá que pronunciarse al no tener que autorizar, o desautorizar, la permanencia del juzgado en València que afecta a la instrucción de la causa penal por la gestión de la dana, que tramita la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La Junta de Jueces de Catarroja había solicitado al órgano de gobierno de los jueces y tribunales de la Comunitat Valenciana, en un acuerdo del 14 de julio, que se valorara la posibilidad de mantener la instrucción de la causa de la dana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Las acusaciones y defensas también se habían mostrado favorables de mantenerse en la sede del Cap i Casal. Cabe recordar que el juzgado de Catarroja instruye la investigación por las 228 víctimas, que se produjeron en 21 juzgados de diez partidos judiciales en cinco comarcas de la provincia de València.
El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJCV, recoge que "no existen razones objetivas que impidan el regreso de los juzgados de esta localidad de l’Horta Sud a su propio edificio, incluido el que instruye el procedimiento de la dana, máxime cuando este tampoco podría disponer de la sala Tirant, ubicada en la Ciudad de la Justicia de Valencia, para la práctica de declaraciones, porque la Audiencia Provincial de Valencia tenía señalados en ella previamente juicios con múltiples partes".
Desde el TSJCV añaden que la Conselleria de Justicia remitió el 18 de julio un informe a la Sala de Gobierno en el que "certificaba las obras de rehabilitación acometidas en el edificio judicial de Catarroja y señalaba que estaban ya disponibles para su ocupación por los órganos judiciales correspondientes". Un informe que "detalla la plena operatividad de tres salas de vistas, una de ellas “dotada de estrado ampliado y mobiliario para procedimientos con múltiples partes”.
Ha sido "a la vista de ese informe, que certifica que el edificio se encuentra en condiciones óptimas para su ocupación y funcionamiento”, con el que la Sala de Gobierno del TSJCV considera que "no existen razones objetivas que impidan el regreso de todos los órganos de Catarroja a su sede, en la que existen salas similares a aquellas de las que dispondría la instructora de la dana en la Ciudad de la Justicia de València".
El acuerdo adoptado por el nuevo presidente del Tribunal de Instancia de esa demarcación, que sustituye a Ruiz Tobarra como decana, "a solicitar de la Delegación del Gobierno las medidas necesarias para “garantizar la seguridad del edificio y el orden público”, dada la preocupación expresada por la Junta de Jueces de Catarroja en ese sentido, tras las protestas organizadas ante las declaraciones de protagonistas destacados en la instrucción de la dana.
No obstante, la Sala de Gobierno pide ser informada de inmediato de cualquier incidencia que pueda afectar “al normal desarrollo de la instrucción de la dana o a la prestación del servicio judicial”, a fin de “valorar o, promover, en su caso, las medidas necesarias para preservar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia”.
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