La jueza de la dana rebate a la Guardia Civil y devuelve el foco sobre la Generalitat

El rechazo a la citación como investigado del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no es la única consecuencia del auto de la jueza Nuria Ruiz Tobarra emitido este miércoles. Los argumentos con los que la magistrada que instruye la causa de la dana deniega la nueva petición de Liberum de imputar a Polo sirven también para acabar contradiciendo el informe de la Guardia Civil de 220 páginas en el que criticaba la "ausencia de avisos" de la CHJ sobre el barranco del Poyo y, de paso, volver a dinamitar los argumentos esgrimidos por el Consell.

La acusación popular se basó en el informe de la Instituto Armado, conocido el pasado viernes, para pedir la investigación de Polo. En este documento se apuntaba a la inacción de Aemet en la previsión meteorológica y la "lenta reacción" de la CHJ en la vigilancia y aviso de los barrancos como motivo a la falta de actuación en el Cecopi. Es el llamado "apagón informativo", tesis a las que se ha aferrado desde el primer momento el Consell para el que la pericial había sido oxígeno tras meses de varapalos judiciales en la causa y que este miércoles, Susana Camarero volvía a a reivindicar.

No obstante, tras unos días agitando las conclusiones del informe, este ha perdido fuelle con el último auto de la jueza. La instructora desmonta los argumentos dados por la Guardia Civil llegando a calificar el análisis dado de "erróneo" e "incompleto". Lo hace sustanciándose en las informaciones dadas por Aemet, la responsabilidad competencial sobre los barrancos y las informaciones adicionales a los boletines oficiales; tres consideraciones que sirven para tumbar "teorías ya superadas como el apagón informativo" y centrar el foco sobre los responsables de Emergencias de la Generalitat.

El audio de Aemet

El primer elemento que analiza es la relación de Aemet. La jueza critica el "informe incompleto" de la Guardia Civil para apuntar hacia la Agencia Estatal de Meteorología. Entre otros puntos, afea que en el análisis del Instituto Armado no se mencionen "las comunicaciones que se produjeron telefónicamente" entre el 112 y la agencia. Dentro de estas conversaciones recuerda "un audio que presuntamente se publicó recortado y que reflejaba que sí que se informó sobre la evolución meteorológica". "No existe mención alguna a dicha comunicación de especial relevancia", indica la jueza.

Tampoco hay mención en el informe de la desconexión a la Aemet en la reunión del Cecopi, con "nulo resultado" algo que, agrega, no fue responsabilidad del representante de la agencia como tampoco aparece en este documento las previsiones meteorológicas "ampliamente adelantadas por los medios", citando la portada de Levante-EMV del 29-O, o la decisión de suspensión de la Universitat de València. "Ese mismo día las previsiones meteorológicas se hicieron realidad", señala calificando de "inexplicable" que el Cecopi no empezase hasta las 17 horas.

Barrancos

También se muestra contundente en la vigilancia de los barrancos, especialmente en el Poyo. Frente a las críticas del Instituto Armado, la jueza cita el Plan Especial de Inundaciones, señala a todos los cuerpos que deben participar en esta tarea (donde además del organismo de cuenca incluye a la Guardia Civil, agentes medioambientales o bomberos forestales) y concluye: "Más allá de aquellos puntos en los que la CHJ no posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del CCE (Centro de Coordinación de Emergencias). Es la Generalitat quien debe efectuar el control de que no se produzca un desbordamiento en estos casos".

Para ello, explica que este "control del caudal en los barrancos solo puede ser efectivo" a partir de los informes de pluviometría de la Aemet y de la "vigilancia al pie del mismo barranco, dadas las características de este tipo de cuencas: su pendiente y su corto trayecto, de unos 40 km hasta llegar a la Albufera". Entre estas responsabilidades, la jueza apunta directamente a la orden de los bomberos forestales para vigilar el Poyo durante el 29-O.

"Fueron desplegados y se retiraron", indica, algo que, añade, "difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos". Es más, recuerda la instructora que esta retirada "consta también en la documentación remitida por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia". "Todas estas cuestiones no son abordadas por el informe de la Guardia Civil", incorpora como queja al informe de la Benemérita.

El SAIH, testimonios y piezas periodísticas

Por último, la jueza explica las informaciones que llegaron más allá de las comunicaciones oficiales incluidas por la Guardia Civil en su informe, reprochando los "limitados elementos de prueba" de este. Cita entre las omisiones "la importancia de los medios de comunicación", recordando "cómo los desbordamientos eran transmitidos en directo", algo que À Punt hizo "durante todo el día", critica que el análisis de la comandancia no incluya los diferentes testimonios y explicaciones de peritos y expertos en el juzgado al respecto y recuerda respecto al SAIH que estos datos donde se ve la evolución del caudal "podían ser consultados a través de la web del sistema en todo momento".

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