La diputación suspende el expediente a José María Ángel hasta que la Fiscalía resuelva

La Diputación de Valencia ha decidido suspender el expediente disciplinario abierto a su funcionario, el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, abierto tras el escándalo del presunto título falso que obraba en su expediente. Según ha sabido este diario, la corporación ha paralizado esta vía administrativa, y ha remitido el expediente a la Fiscalía a la espera de que la justicia determine la veracidad o falsedad del título universitario que aparece en el historial de José María Ángel. Este mismo miércoles, precisamente, se ha conocido que ese presunto delito de falsedad documental estaría 30 años prescrito, según ha resuelto el Juzgado de Instrucción 4 de València. La decisión judicial no es firme y puede ser recurrida.

Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía. De momento la diputación, en este expediente elaborado por el área de Recursos Humanos de la Diputación y finalizado el pasado 29 de septiembre, certifica la legalidad de la entrada de José María Ángel en la institución, que se produjo en abril de 1983, como funcionario de carrera auxiliar técnico de archivo y biblioteca, grupo C. También constata su nombramiento en abril de 1986 como ayudante de archivo y bibilioteca, grupo B. Este proceso se produjo mediante un proceso excepcional, perfectamente legal, que permitía la integración en el cuerpo de “ayudantes de archivo”, grupo B, que de ordinario sí exige titulación superior, aunque en este proceso no fue así.

Una orden ministerial no exigía poseer título de ninguna clase, sino superar un proceso. Lo que cuestiona la diputación es el recorrido funcionarial posterior de Ángel. Señala que dicho proceso fue concebido para pasar del cuerpo de “auxiliares” al de “ayudantes”, únicamente, pero durante su larga carrera política y funcionarial, Ángel fue pasando por otros cargos. Fue secretario del presidente de la diputación en 1987; documentalista del área de Presidencia, en 1988; o jefe de gabinete de presidencia, en 1989, en adscripción definitiva desde 1993. Finalmente pasó a una plaza como personal adscrito al grupo socialista (grupo A/B).

Lo que está en cuestión para la diputación son todos estos puestos ocupados desde 1987, una vez deja el de ayudante de archivo. ¿Por qué? Porque esos puestos sí necesitarían de un título de diplomatura, y se duda sobre la veracidad del que obra en su expediente. Así las cosas, la diputación suspende el expediente administrativo disciplinario y pasa la palabra a la autoridad judicial para que determine si el título es correcto: “La validez o falsedad de dicho título va a determinar la legitimidad o no para ocupar todos los puestos de trabajo que ocupó desde 1987 hasta la actualidad, puesto que todos ellos estaban clasificados como A2 o A1/A2, esto es, que requieren diplomatura/licenciatura o el equivalente actual (máster)”, concluye el informe de la diputación.

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