PP y Vox impiden recuperar los 850 metros de distancia mínima entre salones de juego y colegios

A PSPV no se le cumplirá aquello que, con voz de Carlos Sobera, planteaba una plataforma de juego on-line. El "apuesta, apuesta, apuesta" con el que comenzaba el eslogan del anuncio no terminará este jueves para los socialistas en las Corts con un "gana, gana y gana". PP y Vox han expresado este miércoles en el pleno su rechazo a la Proposición de ley de la formación para recuperar la distancia mínima obligatoria de 850 metros entre los salones de juego y centros educativos o sanitarios.

Una investigación judicial abierta en Tarragona contra un exministro del PP ha devuelto a las Corts un debate con cierto aroma a remember. Hace menos de dos años populares y voxistas cambiaron la ley del Juego para quitar esa obligación de distancia mínima para renovar aquellas licencias que estaban a punto de caducar ante la normativa impulsada por el Botànic de 2020. Cuando los dos partidos, entonces socios del Consell, ejecutaron tal cambio, el PSPV ya anunció medidas para revertirla, pero ha sido el 'caso Montoro' el que lo ha devuelto.

Los socialistas han agitado la relación del despacho jurídico del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con Codere, una de las compañías del juego más destacadas, que pagó hasta 700.000 euros a la compañía del exdirigente 'popular', para reclamar una vuelta atrás en la redacción de la norma. "Su negativa no nace de una convicción sino de la sumisión al lobby del juego", ha explicado el diputado del PSPV, José Antonio Díaz, reivindicando la ley del Botànic que "puso orden donde había caos y prevención donde había negocio".

Apoyo de Compromís

La medida tendrá apoyo de Compromís, tal y como ha defendido Carles Esteve, que ha incidido en esta vinculación entre el sector del juego y altos cargos del PP, desde el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, quien encabezó la Fundación Social del Juego o el exministro Rafael Catalá, que trabajó en Codere. "Sabemos que se van a negar, pero lo que nos falta saber es por cuánto", ha indicado Esteve. Ese respaldo de los valencianistas será insuficiente ante el rechazo mostrado tanto por PP y Vox.

En realidad, tampoco se esperaba otra cosa: ambos partidos fueron los que impulsaron ese cambio legal hace dos años. La negativa además viene sostenida por el criterio desfavorable del Consell. En este justifica que el cambio hasta la actual ley "no supone incremento en el número de salones de juego", que su implantación no implica "una sobreexposición de la población a los estímulos de juego" y que revertir la medida "contribuye sin duda al incremento de la seguridad jurídica en el sector".

En el debate, Mari Carmen Contelles, del PP, ha defendido que la petición de los socialistas "no responde a ninguna necesidad real ni a ningún agujero normativo, solo a un problema de falta de proyecto" y ha explicitado que el juego es "una actividad legal y regulada" y que lo importante es "establecer límites, mecanismos de control y herramientas de control efectivas que es lo que está haciendo el Consell". "La mejor política que podemos hacer es prevención y detección de síntomas de adicciones tempranas, no la prohibición de salones de juego que están regulados", añadió María Teresa Ramírez, de Vox.

La ecotasa en Cofrentes

La ley del Juego no es el único rechazo que han sufrido los socialistas en las Corts. La otra es sobre la reclamación de recuperar el impuesto a la producción de energía nuclear que se da en la central de Cofrentes, una ecotasa autonómica que generaba 14 millones de euros al año de ingresos para al Generalitat que pagaba la propietaria de la central, Iberdrola. Sin embargo, esta la eliminaron PP y Vox en los últimos presupuestos al incorporar una bonificación del 100 %.

Este también tiene el criterio desfavorable del Consell que justifica este rechazo en que el impuesto "afecta directamente a sectores estratégicos como la producción energética, el almacenamiento químico y la industria pesada, generando un efecto disuasivo sobre la inversión" y advierte que para las compañías propietarias de centrales nucleares, "la actividad de los reactores no sale rentable por dos motivos: los bajos precios del mercado eléctrico y la presión fiscal".

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