El plan de empleo postdana pisa el acelerador: el Gobierno anticipa el 100% de los fondos

Ya se anunció este mes de octubre: el Pla d’Ocupació Dana se amplía a una segunda fase con 80,6 millones de euros extra de fondos europeos articulados por la Vicepresidencia y Ministerio de Trabajo del Gobierno de España. Además, incluirá a personas en situación de vulnerabilidad, como personas migrantes o con discapacidad, que podrán ser contratadas, como el resto de trabajadores a los que se dirige el plan, para trabajar en la zona cero. En su anterior visita a València, a la sede de la Delegación del Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz ya reconoció que uno de los puntos flacos de la primera fase del plan era la ejecución: de los 50 millones consignados inicialmente, se habían ejecutado 35,5. Así que el Gobierno ha pisado el acelerador en esta segunda tanda y ha decidido anticipar a ayuntamientos y entidades que se acojan el 100% de los fondos.

“El primer plan de empleo surge de la primera reunión con los agentes sociales en València después de la dana, fíjense si importa el diálogo social: donde hay muchas cabezas salen buenas ideas”, ha destacado la vicepresidenta. Este viernes, menos de dos semanas después del anuncio de este segundo bloque de fondos, Díaz se ha reunido en la sede de la Mancomunitat Horta Sud con las entidades del tercer sector, nuevas beneficiarias del plan, con los agentes sociales -los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEV- y con las asociaciones de víctimas de la dana.

Contratos hasta el 30 de abril

Los contratos que se den como consecuencia del plan tendrán una duración de tres o cuatro meses, porque está previsto que se puedan iniciar en enero o, como mucho, febrero de 2026, y tienen una fecha de fin establecida del 30 de abril de 2026. El procedimiento será el de concurrencia competitiva y las subvenciones se resolverán por orden de presentación hasta que se agote el crédito.

Los trabajos para los que se puede contratar personal incluyen obras en infraestructuras, obra industrial y obras de reconstrucción. Pero no solo: también comercio de proximidad, gestión de aguas o de residuos, mantenimiento de espacios naturales, servicios de ocio, turismo, deporte o cultura y servicios sociales o de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Otra de las novedades que ha recordado es la inclusión de empleos más cualificados, como ingenieros o arquitectos, que era una de las principales demandas. Los ayuntamientos seguirán siendo beneficiarios, pero también se abre ahora a entidades sin ánimo de lucro y ONG. La previsión, ha señalado la ministra, es alcanzar las 7.500 altas nuevas.

CCOO pide máxima difusión para ejecutar los fondos

El sindicato CCOO-PV, que ha participado en la segunda de las reuniones, considera que los 80,6 millones de euros consignados en este segundo plan "pueden contribuir de manera significativa a la recuperación de las zonas afectadas", pero pide "información precisa" sobre la aplicación y el resultado final del primer plan de empleo, para conocer su impacto real. Además, ha reclamado establecer mecanismos de información y participación que permitan saber cómo está siendo gestionado por los ayuntamientos y las organizaciones del tercer sector.

Pero, sobre todo, han insistido en la necesidad de buscar mecanismos de difusión amplios para que las personas desempleadas lo conozcan y, sobre todo, que pueda ser ejecutado en su totalidad. Aunque CCOO ha planteado que los contratos fueran de mayor duración, para mejorar las prestaciones por desempleo, el Ministerio ha contestado que esta opción no es viable debido a la finalización de los fondos europeos.

Las entidades lo ven "interesante"

Ha sido “muy bien acogido”, ha dicho Díaz. Y así ha sido entre las entidades sociales, como la ONCE, el CERMI o Cruz Roja, que han agradecido ser incluidas en el plan. Desde la ONCE, el delegado en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, ha destacado el “impacto positivo” que puede generar, en un sector muy castigado por la catástrofe. De hecho, ha detallado que 167 vendedores de la ONCE fueron afectados por la dana, y el agua se llevó 17 quioscos. Además, 62 vendedores fueron incluidos en un ERTE hasta enero.

También desde Cruz Roja, el presidente en la Comunitat Valenciana, Rafael Gandía, ha destacado el papel del tejido social para “canalizar un poco estas ayudas y ser dinamizadores de que todo esto llegue donde tiene que llegar”. “Es una una idea interesante y nosotros pues vamos a intentar trabajar con ellos en poder aprovechar estas circunstancias”, ha defendido.

El CERMI pide agilidad

“También estamos a la expectativa de que se publique cuanto antes la orden porque el tiempo es corto, son fondos europeos, por tanto estamos todos condicionados a esto”, ha destacado, por su parte, el presidente de CERMI-CV, Luis Vañó. Por eso, ha reivindicado ante la vicepresidenta “que la intervención sea lo más rápida posible en el Ministerio para publicarla como muy tarde en 20 o 25 días”. Además, desde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad han resaltado la necesidad de tener en cuenta “todas las cuestiones de perfiles concretos, tanto de personas con discapacidad como de personas migrantes”. También han pedido que las personas contratadas en estos empleos temporales puedan entrar en las líneas de trabajo de inserción laboral y de itinerarios laborales que tienen las entidades del tercer sector.

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