Vox carga contra Camarero por no ejecutar sus partidas migratorias con los presupuestos de 2026 en juego

La ejecución presupuestaria es uno de esos datos farragosos que se publican todos los meses, que rara vez interesa a la ciudadanía, pero aparecen de tanto en tanto como reivindicación o ataque por el debate parlamentario. De normal, suele ser más lo segundo, emitido por la oposición, para evidenciar la falta de gestión. No obstante, el cero en el casillero que ha señalado este jueves Vox en las Corts respecto a partidas migratorias va mucho más allá del intento de ruborización por no gobernar, sino que supone un aviso político en plena negociación de los presupuestos de 2026.

El Ejecutivo autonómico y Vox se han puesto manos a la obra para tener cuentas nuevas para el próximo año. Con la duda de si dará o no el paso para presentarlos antes del 31 de octubre, plazo para aprobarlos en tiempo y forma, los voxistas han admitido "negociaciones" con el Gobierno valenciano por las cuentas del próximo año. "Ahora sí que estamos hablando", dijo la semana pasada el síndic, José María Llanos, que insistió en que la prioridad de su partido es que se ejecuten las medidas que se sellaron en los aprobados en mayo, especialmente las de inmigración.

Con el futuro en la mesa de negociaciones, los voxistas pidieron este jueves la factura que evidencie el pago de aquellas promesas que valieron su voto a favor el pasado 28 de mayo. Lo hicieron en las Corts con una interpelación a la vicepresidenta y responsable de políticas sociales, Susana Camarero. En ella, su síndic adjunto, David Muñoz, desplegó el argumentario habitual de la formación alertando de una "crisis migratoria sin precedentes" y reivindicó las medidas incorporadas por el Ejecutivo autonómico a petición de los voxistas en los presupuestos aprobados en mayo, preguntándole por su puesta en marcha.

Muñoz señaló el protocolo para pruebas de edad a menores aprobado en una PNL el curso pasado así como las dos partidas incluidas en las cuentas: dos millones para convenios con países de origen para reagrupar menores extranjeros no acompañados o los 100.000 euros destinados directamente a cuatro hospitales públicos para que hagan las pruebas de edad. "A fecha 24 de septiembre no está ejecutado el presupuesto en las medidas que exigimos", le afeó. "Hay que actuar", añadió.

Tras ello, comenzó a lanzarle preguntas a Camarero: ¿Cuántas pruebas se han hecho? ¿Con qué resultados? ¿Se ha elaborado el protocolo? ¿Cuántos convenios de colaboración se han firmado? ¿Van a implementar un plan específico para el retorno? La vicepresidenta tiró las culpas a la "dejadez del Gobierno central" y aseguró que sí que estaban haciendo las pruebas de edad, trabajando en la cooperación con los países de origen y que sí trabajarán en la reagrupación familiar, pero evitó dar los detalles exigidos por los voxistas.

Situación "límite"

Es más, Camarero defendió la acción del Consell frente a la actuación del Gobierno central que "traslada el problema a las comunidades autónomas". En este sentido, recordó que el Consell ha recurrido el decreto de reparto de menores, de los que le tocarían 571 a la Comunitat Valenciana, al Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al considerar que es un "reparto político" y advirtió que la situación es "límite", tras atender a más menores en los 10 meses de año que en todo 2024: 945 frente a 912.

La migración se ha convertido en uno de los temas sensibles de la relación entre ambas formaciones, con ambos partidos tratando de exhibir perfil propio. Vox recordó que fue "expulsado" de los gobiernos autonómicos porque Alberto Núñez Feijóo aceptó recibir menores migrantes mientras que el PP tumbó las propuestas de resolución de Vox en la materia en el Debate de Política General con su líder a nivel nacional presentando un plan propio ante las presiones de los voxistas. Claro que una cosa son las líneas políticas a nivel estatal y otra cosa es que el Consell se arriesgue a que esta pueda dejarle sin presupuestos.

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