El proscrito Ábalos

Koldo García llega al Tribunal Supremo con una mochila XL por si no vuelve a la calle. José Luis Ábalos lo hace sin nada. Koldo deja entrever que podría pactar con la Fiscalía. Ábalos ha roto con su abogado por diferencias “irreconducibles” sobre ese acuerdo con el Ministerio Público que supuestamente el exministro rechaza. Un acuerdo es aceptar la culpabilidad y el diputado sin partido se resiste a traspasar esa línea, la última de su honorabilidad.

El exsecretario de Organización del PSOE y exbrazo derecho de Pedro Sánchez es hoy el ejemplo claro de que no hace falta una condena para ser un proscrito y un apestado político. Sin juicio a la vista, los informes de la investigación han aportado contenido suficiente para la condena social. ¿Es justo?

El caso Ábalos (más que Koldo) incide en un debate pendiente: las llamadas ‘penas de telediario’, el daño a la imagen de personajes públicos por lo que trasciende de la investigación antes de que exista un veredicto y la imposible restitución total del honor si después se produce una absolución.

Sin embargo, el asunto del político valenciano supera incluso la línea de ese debate, ya que no se trata tan solo de si ha cometido delitos o no, sino que los audios contenidos en la investigación lo inhabilitan para cualquier presencia pública.

No es suficiente que pueda ser absuelto ni que las grabaciones pudieran quedar invalidadas judicialmente para una posible restitución del honor de Ábalos, porque el personaje que sale retratado en esos audios es el de alguien imposible para cualquier cargo público. A Ábalos solo le serviría, y nunca sería tampoco una recuperación total, que se constatara que todo ese material incautado a su fiel asesor Koldo es falso, que no es su voz ni son mensajes suyos todos esos con frases vejatorias y denigrantes sobre las mujeres.

El caso de Ábalos excede incluso el debate de la moralidad de la vida privada de los personajes públicos. Se trata de que la opinión pública ha tenido oportunidad de conocer quién era uno de sus representantes políticos. No se trata de lo que un ministro haga en su vida particular y en sus relaciones afectivas, si tiene una amante o no, sino de si puede mantener un cargo público alguien que cruza mensajes con su asesor sobre qué mujeres (presuntamente prostitutas) se intercambian en un “fin de semana discreto” y concluye que entre Ariadna o Carlota, “la Carlota se enrolla que te cagas”. Se trata de si puede estar en la esfera pública alguien cuyo asesor reclama a su mujer: “Necesito pulseras. Para la puta” (‘la 1’ o ‘España’ en el argot que manejaban el alto cargo y su escudero para referirse a la compañera sentimental a la que presuntamente la trama pagaba su piso en la Plaza de España de Madrid). Aquel que cuando los agentes llaman a su puerta en València para una inspección aparece en camiseta XL con una actriz porno en casa que además lleva encima un disco duro.

No se trata de si la sociedad tiene derecho a conocer lo que hay detrás de quienes le representan, sino de que no hay vuelta atrás una vez que esa información ha trascendido. Más allá de comisiones económicas presuntas y usos de dinero en metálico a cuenta de la caja del partido, que ya determinará la justicia su legalidad o no, lo conocido es suficientemente sucio para ‘desterrar’ a cualquier representante público.

¿Puritanismo? Es más que eso. Es lo que significa todo lo conocido en sociedades comprometidas con la igualdad

En Reino Unido, el príncipe Andrés ya no es alteza real tras la investigación del caso Epstein y el reciente libro de memorias de una de las víctimas, aunque no pesa sobre él ninguna condena judicial. Como en el caso de Ábalos, ha caído sobre él el peso del escándalo. ¿Puritanismo? Es más que eso. Es lo que significa todo lo conocido en sociedades comprometidas con la igualdad.

Porque el valenciano no es además un apéndice en las listas electorales. Ha sido un dirigente de primera línea de un partido de izquierdas que hace bandera de la igualdad entre sexos y de ser punta de lanza del feminismo. Así, al margen de juicios, Ábalos aparece en 2025 como un proscrito político que se resiste a dejar el acta de diputado. ¿Por qué? Porque supone asumir la responsabilidad que se le está imputando y posiblemente, por cuestiones más pedestres como la economía necesaria para el sostenimiento de abogados y procuradores, además de gastos familiares y de pensiones.

El coste de la mancha en el PSOE

Pero es obvio que al antes poderoso e influyente político le queda en el Congreso lo que dure la legislatura. Lo dijo su sucesor en el ministerio esta semana y hombre fuerte ahora en el Ejecutivo de Sánchez: “Por el PSOE no sería hoy diputado”, afirmó Óscar Puente.

Los socialistas, que han puesto a una mujer y valenciana (Rebeca Torró) en el despacho que ocupaba Ábalos en Ferraz para limpiar esa mancha, admiten que el daño a la imagen sufrido es grande. Pero en este momento consideran que está ya “descontado”. Las encuestas internas del partido dicen que se desplomó en mayo y junio, cuando se desató la parte magra del caso y el juez decretó la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán, pero que esos mismos estudios señalan que en septiembre se ha remontado. Con todo, continúa la incógnita de lo que pueda saberse aún en esta investigación y de su resultado final. Puede que pasar página no sea tan fácil.

Mientras, Ábalos no tiene quién lo defienda (políticamente). Su antes potente y fiel grupo en València se ha desintegrado y ha buscado nuevas corrientes o simplemente se ha dejado llevar. De los bastantes que ayudó a situar en puestos de lustre en la Administración solo queda algún asesor en ese espacio sombrío que es el Senado y poco más. Él se mantiene activo en redes sociales, defendiendo su inocencia y denunciando el acoso (siempre injustificable) que sufre con pintadas en su domicilio o persecuciones de micrófonos.

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