El choque por los deslindes aboca la ley de la Costa del Consell al Constitucional

Las posiciones en la mesa no se movieron físicamente, pero al levantarse todos los interlocutores la oficialmente Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana quedó más cerca de acabar en el Tribunal Constitucional. Y eso que, según explican fuentes de la Generalitat conocedoras del encuentro, la cita que inauguró la comisión bilateral entre el Consell y el Gobierno de España fue bien, con avances en la mayoría de asuntos puestos en duda por el Ejecutivo estatal hasta que llegó el asunto de los deslindes, un escollo que, por lo dicho, difícilmente evitará el choque judicial.

Casi cinco meses después de su aprobación en las Corts y con la cuenta atrás ya activada para sortear el recurso, los equipos negociadores del Ministerio de Transición Ecológica y de la Conselleria de Medio Ambiente se reunieron esta semana para tratar de acercar posturas ante las "discrepancias manifestadas" por parte del Gobierno central sobre la ley de la costa valenciana con la impugnación de 27 artículos y cinco disposiciones adicionales, más de la mitad de la norma con la que la Generalitat quiere hacerse cargo de las competencias administrativas en la franja litoral.

La profundidad de la discrepancia, sin embargo, no se vio en la comisión, principalmente compuesta por técnicos (en el caso del Consell el mayor cargo fue el director general de Costas) que redujeron sustancialmente la brecha. Según fuentes del departamento que dirige Vicent Martínez Mus, se limaron bastantes asperezas y hubo cierta sintonía en muchos de los puntos sobre los que el Ejecutivo central ponía reparos al considerar que invadían la legislación estatal. No significa que se vaya a alcanzar un pacto, pero hay aproximaciones. Hasta que llegó el punto de los deslindes.

Según la ley aprobada por PP y Vox, la Generalitat tiene la capacidad de proteger determinados "conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales" bajo la declaración de "núcleos urbanos con especiales valores etnológicos", lo que impediría cualquier actuación que conllevara derribos si "supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico". Esta prerrogativa la niega el Estado que considera una intromisión en sus competencias, de ahí el más que probable recurso al Constitucional tras lo debatido esta semana.

Futuro reglamento

Una futurible reclamación al tribunal de garantías no sería la primera disputa legal por los deslindes y las actuaciones en la costa. Tal y como publicó el diario Información este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica emitió su primera comunicación oficial a la Generalitat después de que el pasado 15 de septiembre se cumpliera el plazo para que los vecinos de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura acometieran los derribos de las viviendas. Se trata de un requerimiento que hace el Gobierno central al valenciano para que dé marcha atrás y anule tanto la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico como la suspensión cautelar de las demoliciones. Eso o acudirá a los tribunales.

Y mientras las negociaciones entre administraciones se suceden, la Conselleria de Medio Ambiente va haciendo su camino en el objetivo de armar un armazón legal para proteger esos núcleos costeros. En este sentido, el pasado viernes, en una reunión con representantes de la Asociación de Casetes del Grau de Moncofa, el conseller Martínez Mus les trasladó que en los próximos días someterá a información pública el texto base del futuro reglamento para incorporar mejoras.

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