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El Síndic investiga por qué los niños esperan hasta un año en recibir la valoración de la dependencia

Luna pide información a la Conselleria de Servicios Sociales sobre las causas que impiden a los menores acceder, en el plazo establecido, a las ayudas que les corresponden

Imagen de recurso de un niña con muletas.

Imagen de recurso de un niña con muletas. / Levante-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

València

Sin la valoración de la dependencia no hay ni Programa Individual de Atención (PIA) ni posibilidad de recibir la correspondiente ayuda, sea la que sea. La persona se queda en una especie de limbo a la espera a la hora de poder entrar en el sistema. En el caso de la infancia, los niños y niñas esperan hasta un año a ser valorados, cuando el plazo que marca la ley es de tres meses.

Por ello, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha iniciado una investigación de oficio ante la "reiterada demora" en la resolución y revisión del grado de dependencia de menores, "una situación que vulnera derechos fundamentales y contraviene los plazos legales establecidos". La queja se fundamenta en el perjuicio que estas demoras suponen para la infancia, especialmente "en procesos de inclusión y rehabilitación". Luna quiere saber el porqué de estos retrasos y solicita información detallada a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para saber "cuántos expedientes tiene pendientes, los criterios de revisión, la formación del personal técnico y las medidas adoptadas para reducir la lista de espera".

En el Informe Anual del Síndic de 2024, las quejas relacionadas con dependencia representan el 33% de los expedientes tramitados y el 70% de los referidos a Servicios Sociales. En el caso de los menores, "la Conselleria admite demoras de hasta un año en la resolución del grado, cuando la normativa fija un máximo de tres meses. Esta dilación, sumada a la revisión sistemática de valoraciones ya realizadas por profesionales cualificados, ralentiza el acceso a recursos esenciales y puede dejar obsoletos los informes médicos y psicopedagógicos, obligando a las familias a aportar nueva documentación", explica el Síndic.

La intervención temprana en la infancia es esencial para favorecer la inclusión y la rehabilitación, aprovechando la capacidad del cerebro para adaptarse en esta etapa. Por ello, "cualquier retraso en el reconocimiento del grado de dependencia de menores o en la elaboración de su Programa Individual de Atención (PIA) implica "un perjuicio significativo para su desarrollo que puede lastrar el resto de su vida".

Ángel Luna explica que desde las administraciones públicas "se requiere un esfuerzo decidido para agilizar estos procedimientos, garantizando así una atención adecuada y oportuna a menores que lo necesitan" y recuerda que la resolución del grado de dependencia "es un paso necesario", pero no garantiza por sí sola el acceso a los servicios y ayudas previstas por la ley. "Para ello, es imprescindible que la Administración elabore el Programa Individual de Atención (PIA), adaptado a las necesidades de cada persona. Sin embargo, esta fase también sufre retrasos importantes que alargan aún más el proceso, impidiendo que los menores reciban las prestaciones necesarias en tiempo adecuado", asegura le Síndic en el escrito.

Plazos incumplidos

La normativa establece un plazo máximo de seis meses desde la solicitud hasta la asignación de recursos, pero en la práctica este plazo no se cumple, "especialmente en el caso de menores, donde la demora en la resolución inicial ya es habitual". "Ante esta situación, la Conselleria ha informado que existe un plan de trabajo para reducir la lista de espera, aunque no ha detallado en qué consiste ni qué resultados ha dado hasta ahora", asegura el Síndic.

Ante esta realidad, Luna ha solicitado a la Conselleria un informe exhaustivo sobre el número de expedientes con más de seis meses de demora, la existencia de valoraciones previas, la revisión de grados provisionales, la formación específica del personal técnico, y los detalles del plan de trabajo para reducir la lista de espera.

Asimismo, el defensor requiere información sobre la agilidad en la resolución del PIA y el procedimiento de obtención de nuevos informes. La institución recuerda que la protección de los derechos de la infancia "es prioritaria" y exige a la Administración "medidas urgentes" para garantizar una atención adecuada "y sin demoras injustificadas".

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