El Gobierno impugna la ley del Consell que permite ampliar 20 años las concesiones portuarias

Nueva comisión bilateral convocada entre la Generalitat y el Gobierno de España, es decir, nueva negociación contra el reloj para evitar que una norma del Consell acabe en el Tribunal Constitucional. Esta vez el foco de conflicto entre las dos administraciones es por el cambio de la ley de Puertos introducido dentro de un decreto-ley (el 2/2025) en el que también se incorporaban medidas para la "minimización" del impacto de la dana en el Parque Natural.

Así lo recoge el Diari Oficial de la Generalitat de este miércoles en el que se publica el acuerdo para crear impulsar esta comisión bilateral de cooperación "Administración general del Estado-Generalitat" con el objetivo de "resolver las discrepancias manifestadas" en esta norma. En concreto, el punto que señala el Ministerio de Política Territorial como posiblemente inconstitucional es el artículo 2 que regula las prórrogas de las concesiones portuarias.

En este sentido, en el decreto-ley aprobado en julio, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio modificaba la ley de Puertos de 2014 impulsada durante la etapa de Isabel Bonig al frente de esta departamento, bajo la presidencia de Alberto Fabra, con un cambio de calado que aumenta de treinta a cincuenta años el periodo máximo de las concesiones a la iniciativa privada en las instalaciones portuarias autonómicas, competencia de la Generalitat.

Según explicaron entonces fuentes de la conselleria, la medida es necesaria porque en los 35 puertos autonómicos las concesiones privadas de 29 instalaciones (16 puertos los gestiona directamente la Generalitat) muchas se encuentran próximas a su vencimiento, o bien incluso con plazos vencidos, temporalmente gestionadas mediante autorizaciones en precario, y resulta necesario regularizar esas situaciones, para aportar seguridad jurídica a los actores portuarios y a la propia administración portuaria.

Críticas del PSPV

De hecho, el impulso de esta norma ya generó quejas por parte de la Abogacía de la Generalitat que afeó al Consell recurrir al decreto-ley para ampliar esta prórroga. En este sentido, el PSPV, a través de su síndica adjunta, Maria José Salvador, consideró que el texto era "un regalo más al sector privado, en detrimento del interés general" y recordó que este decreto-ley es "una modificación legislativa ad hoc que no permite el Tribunal Constitucional".

Esta no es ni mucho menos la primera comisión bilateral que se abre entre los dos ejecutivos. Ya está en el Tribunal Constitucional la ley de Concordia, aprobada en las Corts en junio de 2024, después de que la negociación entre ambos gobiernos no acarrease ningún acuerdo. En ese proceso están con la ley de Protección de la Costa del Consell de la que ya ha habido una primera aproximación entre administraciones, pero el choque por los deslindes la aboca al tribunal de garantías.

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