Los datos del INE y los sindicatos: Los inmigrantes no reciben más ayudas ni gastan más en Sanidad

El Consell medirá las estadísticas de los inmigrantes, desde las ayudas que reciben hasta el uso que hacen de la sanidad y la sangre que donan, tras pactar con Vox crear medidores diferenciados entre la población nacional y migrante en ayudas o absentismo laboral. Estos datos ya se miden en muchos casos desde los organismos estatales, y la realidad desmonta la agenda ultra de señalamiento del extranjero.

Lo cierto es que los migrantes aportan diez veces más de lo que gastan a la Seguridad Social, según datos del Ministerio. Además, son un 10 % de los preceptores de paro pese a ser un 18 % de la población, y gastan cinco veces menos en medicamentos que la población autóctona, además de hacer un menor uso de las consultas médicas y las urgencias. Los sindicatos salieron ayer a corroborar datos que son públicos y contrastados.

Para el sindicato CCOO se trata de "un acto de infamia política, una deriva racista que busca legitimar el odio institucionalizando el prejuicio". Para el sindicato, es imprescindible llamar a las cosas por su nombre, ya que esta iniciativa es un intento velado de estigmatización, donde los datos se convierten "en arma arrojadiza contra una parte de la ciudadanía". Además, añaden, las personas migrantes "viven de su trabajo y tienen una tasa de actividad mayor (69,3 %) que la de la población española (56,4 %), y en algunos sectores "su participación es vital": 7 de cada 10 personas empleadas como trabajadoras del hogar y cuidados son migrantes (72 %); casi 1 de cada 2 en hostelería (45 %) y 1 de cada 3 en construcción y agricultura (32 % y 31 %, respectivamente).

Los migrantes "aportan a la economía más de lo que reciben, tanto en cotizaciones como en consumo y trabajo esencial: el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y suponen el 1 % del gasto", han señalado las mismas fuentes de CCOO. El sindicato UGT, por su parte, habla de "nuevas cesiones del PP valenciano a la ultraderecha".

Los datos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) las personas migrantes viven de su trabajo y tienen una tasa de actividad mayor (69,3 %) que la de la población española (56,4 %). De hecho, son la mayoría en los sectores laborales más precarios: 7 de cada 10 personas empleadas como trabajadoras del hogar y cuidados son migrantes (72 %), casi 1 de cada 2 en hostelería (45 %) y 1 de cada 3 en construcción y agricultura (32 %).

Resulta muy complicado hacer una radiografía de todas las ayudas estatales y autonómicas y disgregarlas por nacionalidades, pero si atendemos a los datos más actualizados de uso de servicios sociales recogidos en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, revelan que la red pública de centros de servicios sociales atendió a 5,5 millones de usuarios. De estos, tan solo el 5, 7 % eran inmigrantes y solo el 0,09 % eran refugiados. 

El Defensor del Pueblo elaboró un informe en el año 2020 titulado “La contribución de la inmigración a la economía española” en el que constata que “la contribución de la inmigración laboral es muy notable desde el punto de vista de los ingresos fiscales, especialmente por el lado de las contribuciones a la seguridad social” y contrata que “en términos de recaudación impositiva no existe ninguna excepción para los extranjeros que residen en territorio español”. 

Algo importante que destaca el estudio es que el sistema de Seguridad Social español está orientado al principio de universalidad. Es decir, que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones en las mismas condiciones que los españoles. Así, los criterios de elegibilidad están basados solo en la “contributividad” o residencia iguales para todos los beneficiarios. No puede existir, por tanto, discriminación por origen. Y desde luego no existe ninguna paga específica para inmigrantes, ninguna prestación social para ellos ni ningún trato de favor.

El gasto en Sanidad

Los inmigrantes colapsan la sanidad pública. Otro argumento frecuentemente utilizado que, en tiempos de crisis, encuentra su caldo de cultivo perfecto. Sobre esto, la Encuesta Nacional de Salud es clara: “los extranjeros hacen un uso inferior de consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos”. La explicación de este fenómeno es bastante lógica, la menor edad promedio de los extranjeros residentes en España que provoca que frecuenten menos los centros de salud. En España, la mitad de la población extranjera se concentra entre 25 y 44 años. Por contra, la mitad de los españoles tiene más de 45. Según el informe “La contribución de la inmigración a la economía española” publicado por el Defensor del Pueblo en el año 2020 “los extranjeros hacen un uso inferior de la sanidad pública, generando un menor gasto per cápita en sanidad que el asociado a la población nativa”.

Aportación económica

Por otra parte, el gasto en pensiones de los inmigrantes es “extremadamente reducido” según explica el Defensor del Pueblo debido a que la enorme mayoría son personas jóvenes. El número de pensiones contributivas en favor de extranjeros era a finales de 2019 de un 1,6 % cuando la población extranjera mayor de 65 es del 3,6 %. Esto es debido a que, en la mayoría de los casos, su periodo de residencia no alcanza lo mínimo para recibir el subsidio. 

En conclusión, los migrantes aportan a la economía más de lo que reciben, tanto en cotizaciones como en consumo y trabajo esencial, el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y suponen el 1 % del gasto. La OECD (International Migration Outlook) estima que, de media, una persona migrante supone un gasto público un 32 % menor que un español o española. Es decir, por cada euro gastado en una persona de origen español, se gasta solo 0,68 euros en una de origen migrante. Una persona migrante promedio contribuye en España con 1.600 euros anuales netos más que alguien nativo.

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