Educadoras de un centro de menores de València denuncian "amenazas y acoso de la ultraderecha" al personal y los menores tras una pelea

La dirección del Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar, que acoge a menores no acompañados, ha expedientado a tres de sus trabajadores - auxiliares de seguridad- por "acosar y agredir" a los menores, según explica el comité de empresa. El caso está en manos de la Fiscalía para depurar responsabilidades. Hace unos días varios medios de comunicación y televisiones recogieron la noticia de una pelea en este centro en la que supuestamente dos grupos de menores se agredieron entre sí y agredieron a los propios vigilantes hasta el punto de que fue necesaria la intervención de la Policía Local y Nacional.

Sin embargo, las trabajadoras de la empresa cuentan una historia bien distinta, a través del comité representado por UGT. Las educadoras se muestran preocupadas "ante la difusión de informaciones falsas publicadas en medios" y critican que, después de este incidente están sufriendo "ataques y acoso por parte de grupos de ultraderecha, en concreto, por España 2000". Aseguran que son víctimas de ello tanto los menores como las educadoras.

Clima de hostilidad

Los trabajadores expedientados han prestado su testimonio en varios medios de comunicación, dando una versión "alejada de la realidad" para las trabajadoras y que "está alimentando un clima de hostilidad y de inseguridad hacia el personal y hacia los menores residentes". De hecho, denuncian que en los últimos días "se han producido episodios de acoso verbal e intimidación al personal y a los menores, así como daños en vehículos particulares, vinculados al discurso de odio que ciertos grupos de extrema derecha están promoviendo en redes y en el entorno del barrio".

"Queremos aclarar que los hechos difundidos por cuatro trabajadores del centro no se corresponden con lo sucedido", reivindican. Según la información de la que dispone el centro, los incidentes del pasado jueves "fueron provocados por un vigilante y tres auxiliares de control educativo que están actualmente expedientados por su comportamiento y suspendidos de empleo mientras se investiga el posible maltrato a los menores".

El centro ha comunicado esta situación a la Dirección Territorial de Servicios Sociales, dependiente de la Conselleria de Servicios Sociales, de la que dependen las competencias del recurso, cuya gestión fue adjudicada de urgencias a la Fundación Antonio Moreno. También se ha comunicado a la Fiscalía de Menores y al juzgado ya que se está investigando un posible maltrato de esos trabajadores hacia los menores residentes. Conselleria de Igualdad ha separado a ambos grupos para evitar más conflictos al tiempo que aseguraba a Levante-EMV que a los trabajadores se les ha suspendido temporalmente de empleo mientras se investigan los hechos.

Visita institucional

Cabe apuntar que recientemente la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, visitó este centro acompañada, entre otras personas, por responsables de la asociación vecinal del barrio, quienes afirmaron que la existencia del centro no había generado ningún tipo de repunte en la seguridad del barrio.

El comité de empresa, integrado por delegados y delegadas de UGT Serveis Públics, denuncia la "manipulación informativa que está poniendo en riesgo la seguridad de las trabajadoras y de los menores, y rechaza con contundencia cualquier intento de criminalizar a jóvenes que se encuentran bajo tutela y que merecen protección y respeto". Recuerdan, además "que estos menores no están internados ni privados de libertad, y que su acogida responde a un deber humanitario y legal".

Por otro lado, exigen a la conselleria "que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del centro, reforzando los recursos humanos y materiales, y actuando con firmeza frente a las campañas de desinformación que atentan contra la convivencia".

Precisamente UGT lleva tiempo exigiendo que el perfil profesional de los auxiliares de control educativo tenga una titulación relacionada con los derechos de la infancia para evitar este tipo de situaciones. Por último, pide a los medios que han difundido la notivia "responsabilidad social" para "evitar contribuir a la propagación de bulos, la estigmatización de las personas migrantes y de quienes trabajan por su bienestar e integración".

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