Cuatro secundarios bajo el foco del 29-O

Más de cien años de experiencia en el Cecopi. Es la metáfora que utilizó en su declaración la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa de la dana. Una metáfora para evidenciar el contraste con su nula preparación, un argumento para señalar la mayor responsabilidad que, según su línea de defensa, tenían los técnicos presentes en la reunión crítica del 29 de octubre en el centro de l’Eliana. Allí había funcionarios con décadas de experiencia gestionando crisis, insistió.

Esos técnicos, tradicionalmente entre bambalinas, están hoy bajo los focos. Ahí los han colocada la batalla de relatos y la instrucción judicial. O ya han pasado o están esperando pasar a declarar ante la jueza, la Fiscalía y las partes. Son lo que ocupaban un papel esencial en el suministro de información, y también en la toma de decisiones en las horas críticas de aquella tarde, por su presencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

José Miguel Basset

Jubilado hace unos meses, el día de la tragedia era el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, con asiento en el Cecopi. En torno a este ingeniero técnico industrial con cuatro décadas de experiencia en la gestión de crisis, especialmente grandes incendios forestales, giran algunos de los puntos controvertidos de esa tarde. La exconsellera Salomé Pradas le señala como responsable del retraso del envío del Esalert, por el debate con otro técnico, Jorge Suárez, sobre su envío o no. El jefe operativo de la Emergencia admitió en la comisión de investigación de la Diputación dudas por los efectos indeseados de la alerta. Era la primera vez que se utilizaba esta herramienta.

Basset, que tiene que pasar a declarar por el juzgado como testigo, también es señalado por los investigados en otro asunto controvertido: la retirada de la vigilancia de los bomberos forestales en el barranco del Poyo. “No podía saber que se habían retirado porque el jefe operativo jamás lo comunicó expresamente, como ya consta en autos”, apunta Pradas su defensa en un reciente escrito.

Basset también dio que hablar cuando deslizó que los bomberos se retiraron porque era la hora de comer, lo que causó un gran revuelo y le obligó a disculparse. Hasta octubre de 2024, Basset había pasado inadvertido pese a ser el jefe de las emergencias en la provincia de Valencia, al frente del consorcio desde 2016, con diferentes gobiernos y la buena sintonía con todos los mandos políticos.

Jorge Suárez

Es otro funcionario respetado con tres décadas de trayectoria bajo gobiernos de diferente signo. Es el funcionario de mayor rango, el subdirector general de Emergencias. Ya lo era con el Consell del Botànic, donde afrontó crisis como los graves incendios, la dana de la Vega Baja o la pandemia. También estuvo en la concepción del sistema Es alert, donde la Generalitat tuvo un protagonismo especial.

Sigue en el cargo pese al terremoto que provocó el 29-O en la conselleria, donde ha habido ceses políticos y bajas médicas en la plantilla funcionarial. También es señalado por los dos investigados. Suárez, de hecho, está asesorado legalmente desde poco después de la tragedia, y ha intentado personarse en la causa. Su abogado pidió paralizar los plazos para estudiarla, pero después de que la jueza pidiera que identificara a qué víctima representaba no ha vuelto a pronunciarse. El otro investigado, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, le señaló por minusvalorar el aluvión de llamadas la tarde del 29-O. Dijo que "no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas". Suárez es quien desde el principio de la reunión del Cecopi, pasadas las 17 horas, advierte de la posibilidad de enviar un mensaje masivo a la población.

José Ángel Núñez

Otro técnico que no se hubiera esperado acabar dando explicaciones ante los medios o en un tribunal es el jefe de Climatología de Aemet en la C. Valenciana. Tras casi 25 años de experiencia y trabajando con diferentes gobiernos desde tiempos de Zaplana, fue señalado directamente por Mazón a las dos semanas de la riada. Denunció una campaña de acoso en redes e incluso tuvo que pedir una baja médica, marchándose de su casa. El Consell ha personalizado en Núñez los fallos que a su juicio cometió la agencia estatal meteorológica: se señala que sus previsiones se quedaron cortas. Núñez, que también ha declarado con testigo, ha exhibido los whatsapp que envió esa tarde, que dibujan un escenario de falta de decisión y de retraso en la gestión.

Miguel Polo

También tiene un perfil técnico, de esos cargos casi desconocidos pero que se ha convertido en protagonista a su pesar. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Gobierno de España, ha guardado un silencio total hasta su declaración ante la jueza, el pasado 19 de septiembre. Junto a Aemet, ha sido el otro gran señalado por la Generalitat, por no advertir en el Cecopi de la situación del barranco del Poyo y un supuesto apagón informativo basado en la ausencia de correos electrónicos sobre la crecida del barranco en las horas críticas. Con todo, la jueza sostiene que "afirmar que no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi es contrario a la instrucción judicial". Igualmente señala que era la Generalitat la encargada de vigilar los barrancos. Polo estuvo conectado al Cecopi telemáticamente desde la CHJ, que esa tarde estuvo volcada en atender la crítica situación del embalse de Forata. Se ha pedido su imputación en varias ocasiones, pero ha sido descartado por la jueza y la fiscalía.

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