La disputa Gobierno-Consell entra en una nueva fase: “Mazón gestiona mal”

A punto de cumplirse el año de la dana, la actuación del president de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, mientras se desataba la peor catástrofe natural en la Comunitat Valenciana, empieza a dejar paso a nuevos frentes de debate, que sitúan ya la discusión en una etapa posterior a la de la riada. Esta va a continuar durante años muy presente, dada la magnitud de la tragedia y sus secuelas, pero la agenda pública empieza a ensancharse.

El foco del enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Generalitat ha empezado a moverse pensando en el día después del aniversario de la gran riada. Ya no se trata de centrarse en lo que hizo Carlos Mazón el 29-O, sino de retratarlo como un mal gestor público, durante la emergencia y después. Con este gran asunto y con otros.

El Palacio de la Moncloa no está exento de esta operación. Se vio ayer en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Mazón de “dejar en el cajón” nueve millones de euros recibidos para las víctimas de la dana. Se refería a los doce millones recaudados mediante donaciones, de los que, según señaló la portavoz del Consell el pasado martes, se han gastado 3,4 millones en el último paquete de ayudas sociales (de un total de 108 millones). No es casual que citara al barón valenciano y al andaluz Moreno Bonilla, este tocado por los fallos en el cribado del cáncer de mama. La referencia vuelve a situar a Mazón como ejemplo negativo de la gestión de los populares en España, un clásico del último año que, no obstante, no ha tenido consecuencias reales.

Remató la delegada del Ejecutivo, Pilar Bernabé, minutos después. “La incapacidad de gestión es total”, afirmó en Chiva al ser preguntada por este caso. La línea discursiva empieza así a quedar meridiniamente clara.

Precisamente, el reparto de fondos para la dana ha sido en los últimos meses munición de Mazón y sus consellers contra el Gobierno progresista. La Generalitat tardó ayer minutos en responder con la dinamita acumulada: denunció por boca de Susana Camarero que Sánchez todavía debe a las familias 565 millones de euros en ayudas de primera necesidad. Una cuenta "torticera" y "falsa", según fuentes del Gobierno, porque las citadas ayudas son incompatibles con las indemnizaciones del Consorcio de Seguros.

El caso de las donaciones coincide en el tiempo con la polémica sobre las mamografías (90.000) dejadas de realizar en 2024 y con los cambios pactados con Vox en Corts encaminados a señalar el peso de los inmigrantes en algunas estadísticas y a diluir realidades, como la reivindicación Lgtbi, en la actividad parlamentaria.

La influencia de la ultraderecha en las políticas valencianas es línea argumental clara de la oposición, pero el asunto de la prevención y atención precoz del cáncer de mama ha empezado a ser factor de erosión del Consell de Mazón y supone, de alguna manera, abrir nuevos frentes al margen de la dana tras un año de confrontación total en torno a esta y de ausencia de diálogo.

No obstante, los nuevos ejes de discusión suponen asumir la continuidad de Mazón en la Generalitat y profundizar en vías de desgaste más que en estrategias de destitución cuando se entra, de lleno, en la cuesta abajo de la legislatura.

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