Vox ve "precipitado" el archivo de la causa de la dana que pide Salomé Pradas a la Audiencia de València

El partido Vox, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, se opone a la petición de archivo y sobreseimiento libre (definitivo) de la investigación por las 229 muertes del 29 de octubre (29-O) que solicita la exconsellera Salomé Pradas, en el recurso de apelación presentado ante la sección segunda de la Audiencia de València. La oposición del partido de ultraderecha, sustento del Partido Popular en la acción de gobierno de la Generalitat, sorprende porque hasta ahora mantenía una cierta unidad de acción con los dos acusados en la causa: Salomé Pradas y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias y número dos en la conselleria de Justicia e Interior.

Segunda petición de archivo

Salomé Pradas pidió por segunda vez el 9 de septiembre el archivo de la causa respecto a ella al considerar acreditado que "no existe indicio alguno que sustente la continuación del procedimiento penal", tras la declaración de Miguel polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, respondió a la exconsellera con un auto en el que rechazaba sus pretensiones ante los "indicios abrumadores" de su "conducta negligente". Decisión a la que se ha opuesto la defensa de Salomé Pradas, que ahora contradice Vox.

El partido de ultraderecha se opone al archivo de la causa que pide Pradas porque "no nos hayamos en el momento procesal para que se produzca el dictado de la declaración de sobreseimiento; máxime cuando lo que se pide es el sobreseimiento libre" (y por tanto definitivo, que impediría investigar si se descubrieran hechos nuevos).

Insiste la responsabilidad del Gobierno central descartada por el Supremo

Aunque Vox echa un capote a Pradas al señalar que sigue defendiendo la responsabilidad del gobierno central, ya descartada por la jueza, la Audiencia de València y hasta el Tribunal Supremo. "Entiende esta representación procesal que del contenido de las diligencias de investigación que se han llevado a cabo se pueden derivar responsabilidades penales de otras personas que no están investigadas a día de hoy, en especial, aquellas que pertenecen al entorno de la CHJ y de otros organismos dependientes del gobierno central". Y apunta que "aunque el juzgado" de Catarroja no se declare competente "deberá deducir testimonio de actuaciones de las que se desprendan indicios de criminalidad contra estos y remitirlos al Juzgado o Tribunal competente", señalan.

Diligencias pendientes

Y añaden que los indicios de criminalidad que la magistrada de la dana detalla en su auto del 3 de octubre, en respuesta a la petición de Pradas, "motivan la continuación de la actividad instructora". Por ello, señalan desde el partido de ultraderecha, "son numerosas las diligencias de investigación que quedan pendientes de practicar, todo ello, sin perjuicio de las que puedan derivar de las anteriores". Por tanto, aseguran, "entendemos que la instrucción debe de agotarse para que, llegado el momento, se poder realizar un ponderación conjunta de indicios y poder encauzar el presente procedimiento. Hacerlo en este momento sería precipitado y frustraría el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas".

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