Mayores fallecidos el 29-0: "Fallaron los sistemas de alerta, la evacuación y la protección institucional"

De las 229 víctimas mortales de la dana del pasado 29 de octubre, 105 eran personas de más de 70 años. El 7 % de los muertos pasaban de los 90 años, aunque solo eran el 1% de la población. "Esta desproporción indica una sobremortalidad significativa", explica el libro "Longevidad, Justicia Social y Políticas Públicas: Miradas Interseccionales desde los Territorios", una investigación de la Universitat de València, realizada por las profesoras del Departamento de Economía Aplicada e investigadoras, Rosa Roig y Carmen Pineda.

El libro dedica un capítulo a la dana y a las lecciones aprendidas tras la tragedia, con la vejez como eje fundamental. Así, la investigación aborda "cómo la edad, combinada con factores estructurales e institucionales, incrementa la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos". "La alta mortalidad no fue un fenómeno inevitable ni meramente biológico, sino resultado de omisiones en los sistemas de alerta, evacuación y protección institucional", explica la investigación.

Tras analizar los datos, la investigación explica que municipios como Massanassa (con el 65 % de las víctimas mortales mayores de 70 años), València (62 %), Catarroja, Alfafar y Benetússer (60 %) "presentan valores especialmente elevados de sobremortalidad en personas mayores. Esta concentración no es aleatoria: tiende a coincidir con áreas urbanas densamente pobladas, con escasa infraestructura adaptada, altos niveles de envejecimiento residencial y limitada accesibilidad para evacuaciones".

"Ahora mismo el envejecimiento todavía no es un paradigma transversal en políticas públicas. No se percibe que el envejecimiento tan acelerado de la población ha cambiado la realidad y ahora ya tenemos que hablar de una sociedad longeva, lo que obliga a repensar todo nuestro modelo de sociedad de forma estructural en términos sociales, urbanísticos, fiscales, transporte, etc.", explica la profesora de la Universitat de València, Rosa Roig.

La investigación analiza otras catástrofes como las inundaciones de La Plata (Argentina, 2013), el huracán Katrina en Nueva Orleans (2005) o el huracán María en Puerto Rico (2017), que muestran que este patrón "no es exclusivo del contexto valenciano, sino que se repite allí donde confluyen desigualdades sociales, envejecimiento poblacional y fallos institucionales". En todos estos eventos, "las personas mayores fueron desproporcionadamente afectadas, no por su edad en sí misma, sino por la falta de planificación adecuada, la debilidad de las redes comunitarias y la insuficiencia de respuestas institucionales sensibles al envejecimiento".

Participación activa: para ellos, pero con ellos

"Las personas mayores deben de ser actores activos en la toma de decisiones políticas, que quiere decir en términos de análisis de políticas públicas que deben de participar en todo el ciclo de vida de una política pública de emergencias desde la elaboración, implementación y evaluación de una política pública. Tienen que tener voz y voto. No puede ser que se elabore una política de emergencias para gente mayor y no haya en el equipo ninguna persona mayor. Puede haber grandes técnicos preparados, pero no son personas mayores y desconocen las necesidades de la gente mayor porque no tienen 70 años, sino 30 años. Los destinatarios de la política pública, en este caso las personas mayores, tienen que ser un actor activo. El que exige un cambio en políticas públicas desde la administración pública y el gobierno", concluye Roig.

Propuestas

Por ello, y tras requerir una "transformación urgente de las políticas de emergencia que incorpore la longevidad como eje transversal", la investigación propone:

● Censos municipales proactivos y actualizados de personas mayores con dependencia o movilidad reducida.

● Protocolos diferenciados para evacuación y asistencia, diseñados según criterios funcionales.

● Formación especializada en atención gerontológica para equipos de protección civil.

● Refugios temporales con condiciones físicas, sanitarias y sociales adecuadas a las personas mayores.

● Mapas comunitarios de vulnerabilidad desarrollados con participación ciudadana, incluyendo a personas mayores y organizaciones vecinales.

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