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Las Corts se 'olvida' de sus emisarios para defender la reforma constitucional en el Congreso

Armengol reclama al parlamento autonómico que elija una delegación para explicar el cambio en la Carta Magna que permita recuperar el derecho civil valenciano

Diputados de PP, PSPV y Compromís protestan junto a Juristes por el bloqueo del derecho civil, este miércoles.

Diputados de PP, PSPV y Compromís protestan junto a Juristes por el bloqueo del derecho civil, este miércoles. / Levante-EMV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

A las Corts le ha saltado un recordatorio. Lejos de una tarea en el móvil o en alguna alerta digital en el calendario, el parlamento valenciano ha recibido vía carta del Congreso el aviso de que tiene cuestiones pendientes. Y no precisamente desde hace poco tiempo, sino de los más de dos años que lleva en marcha la legislatura: elegir a sus representantes para defender la reforma de la Constitución que permita la "reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano", una de las pocas cuestiones que logra cierto acuerdo entre bloques, a excepción de Vox.

La misiva, con cierto aroma a viaje en el tiempo, la ha enviado la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, a la máxima responsable de las Corts, Llanos Massó, y cuenta con registro de entrada en el 27 de octubre, según ha podido constatar este periódico. En ella, la dirigente socialista recuerda a la de Vox que el Congreso tiene pendiente desde 2020 la petición valenciana de reforma constitucional para poder incluir el derecho foral, que ese año, en julio, se eligió a una delegación de tres diputados para defender este cambio y que tras las elecciones esto está pendiente.

"Las Corts Valencianes no han comunicado la composición actualizada de la delegación que debe presentar la Proposición de reforma constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 87.2 de la Constitución", indica el texto que añade: "En el caso de que las Corts mantengan su voluntad de impulsar esta Proposición de reforma constitucional, ruego a V.E. que facilite la composición de la delegación llamada a realizar su presentación en el Congreso de los Diputados a efectos de posibilitar su inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria".

Concentración ante el Congreso

Concentración ante el Congreso / Levante-EMV

En 2020, el parlamento autonómico eligió en el pleno (entonces con mayoría de izquierdas) que el entonces síndic de las Corts, Manolo Mata, la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, y el diputado de Compromís, Jesús Pla, fueran los emisarios para explicar la propuesta valenciana. Cinco años después, Mata ha dejado los cargos políticos y representa como abogado (entre otras cuestiones) la acusación popular de Acció Cultural en el caso de la dana, Davó salió de la primera línea política al acabar la pasada legislatura y el único que mantiene su acta en el Palau dels Borja, y por tanto, tiene posibilidad de reeditar esta responsabilidad es Pla.

Cambio en la redacción

Aquella designación fue la continuación a una proposición de ley aprobada en las Corts. En ella se pedía (en realidad pide, porque sigue vigente) la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución. "La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales" es el redactado que se propone.

Esa petición se tramita por el Congreso el 28 de febrero, tal y como queda reflejado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Hasta ahora. Desde entonces no ha habido avances, pero sí cambios tanto en el Congreso como en las Corts, como sendas elecciones, nuevos representantes y hasta vuelco de la mayoría en el caso del parlamento valenciano. De hecho, hasta ha habido una reforma constitucional, para eliminar el término "disminuido" y en la que Compromís pidió, vía enmiendas, introducir la cuestión del derecho civil valenciano, pero PSOE y PP lo rechazaron. Ahora, tras cinco años, el Congreso ha encontrado en el cajón aquella propuesta. Falta saber si será para tramitarla o para volverla a guardar.

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