Las Corts tendrá que decidir sobre recurrir la indemnización de 100.000 euros a Marisa Gracia por el accidente de metro

Paradojas de la burocracia: las Corts ha recibido antes el escrito de las víctimas del accidente de metro de 2006 (con 43 víctimas mortales) reclamando que recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a indemnizar a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat en ese momento, Marisa Gracia, con 100.000 euros que la propia resolución judicial. De ahí que todavía no haya decisión tomada como sí la tiene la Generalitat, que se ha negado a ejercer reparo alguno a la cuestión; sin embargo, el asunto se avecina en el horizonte parlamentario como una decisión delicada y no exenta de polémica.

De momento, la Mesa de las Corts, el órgano encargado de dirigir la actividad parlamentaria, tramitó este martes en su reunión el escrito presentado por la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006. Fue, según fuentes conocedoras del encuentro, un acuse de recibo, un visto que se ha anticipado a la recepción de la sentencia que obliga a la Administración autonómica al pago de 100.000 euros por "daños morales" a Gracia por las referencias que se hacen sobre ella y su gestión en el dictamen de la comisión de investigación abierta por esa misma cámara en 2016 por parte de la izquierda.

La falta precisamente de esa sentencia ha evitado este martes cualquier tipo de debate sobre la postura que ha de tomar las Corts. La cámara autonómica podría recurrir la sentencia, como han pedido PSPV y Compromís, al ser el organismo afectado directamente, de donde surgió el dictamen por el que pide la indemnización, pero esta decisión la ha de validar la Mesa presidida por Vox donde el PP tiene mayoría absoluta con tres de los cinco miembros. Es decir, que para salir adelante se necesita el respaldo de los representantes 'populares'.

He ahí donde las comparaciones podrían generar todo tipo de sentimientos enfrentados. Por una parte, el Consell, integrado al completo por el PP, ya ha anunciado que no recurrirá la sentencia y trata de despejar la responsabilidad del pago hacia los 10 diputados de la comisión que firmaron el dictamen. Pero por la otra, la Mesa de las Corts se expone a que la decisión que medita la propia Mesa de las Corts sobre pesonarse en el proceso de inconstitucionalidad en el que está inmersa la reforma de la ley trans, ejecutada por PP y Vox en mayo y recurrida (y admitida a trámite) en el Alto Tribunal por el Defensor del Pueblo, sirva de precedente.

Informe jurídico

Según la documentación de la Mesa de las Corts de la pasada semana a la que ha tenido acceso este periódico, el órgano de dirección de la cámara estudia "efectuar la personación de Les Corts Valencianes en el expresado recurso de inconstitucionalidad y facultar a los Servicios Jurídicos de la cámara para comparecer en representación de la institución y realizar las actuaciones procesales que correspondan en defensa de la constitución de la norma recurrida".

La idea es que el parlamento valenciano defienda como institución la constitucionalidad de una norma que había emanado de la propia casa, aunque la decisión señalan fuentes de las Corts no está tomada ni mucho menos. Este mismo argumento podría valer para recurrir la sentencia contra la indemnización a la exgerente de FGV, evidenciando el carácter político de la decisión, por mucho que fuera de una actuación de hace dos legislaturas. No obstante, se espera que antes de cualquier acción se pida un informe a los letrados, que podrían guiar la acción.

Por su parte, el escrito presentado por las víctimas recuerda que "el objetivo principal de cualquier comisión de investigación es determinar las responsabilidades políticas en que se pudiera haber incurrido desde la administración y/o empresa pública, en la gestión de los hechos investigados" y añade que en el caso del accidente del metro, que tuvo que celebrar una segunda comisión después de la celebrada en 2006 con mayoría del PP, era "completamente lícito que el resultado de la comisión señale las responsabilidades en el ámbito de la empresa pública investigada. Como en el caso de Marisa Gracia, que como directora gerente de FGV, era la máxima responsable de dicha empresa en el momento del accidente".

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