Damnificados Dana Horta Sud reclama 58 millones por responsabilidad patrimonial contra el Consell y la CHJ

Doce familiares que han perdido entre todos a seis personas. Quince lesionados. Un total de 107 viviendas, 102 vehículos, 12 empresas. La Asociación Damnificados Dana Horta Sud presentó este miércoles, cuando se cumplía un año de la dana del pasado 29 de octubre, una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar.  Un total de 418 asociados, 158 familias, reclaman, en total, 58 millones de euros.

"Me siento super orgulloso y creo que vamos a dejar un mensaje bastante contundente a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España de que esto no va a caer en saco roto, y que aquí va a haber una asociación que va a pedir responsabilidades", ha destacado el presidente de la asociación, Christian Lesaec.

Un desastre "evitable"

Lesaec ha comparecido en rueda de prensa acompañado de sus abogados, del bufete Vilches Abogados. El CEO del bufete, Manuel Hernández, ha considerado que, ante situaciones como la dana, siempre se debe "analizar si la administración pública ha actuado de manera negligente". "Es decir, si el desastre era evitable", añade, y cuando se entiende "que puede ser evitable y que ha habido un anormal funcionamiento de la administración pública por alguna acción activa u omisiva", quienes lo soliciten tienen un plazo de un año para interponer una reclamación.

La reclamación incluye daños de diversa indole, ha explicado el abogado, tanto derivados de los daños físicos como de propiedades y el daño moral. "Ahí englobamos la reclamación de 12 familias que han perdido, entre todas a seis personas, quince lesionados, 107 viviendas, 102 vehículos y doce empresas", ha detallado. Pero "el grueso" de la reclamación está fundamentada en los daños morales. La acreditación de esos daños es lo que "permite ser indemnizado cuando suceden eventos que en el futuro van a poder tener un efecto en tu calidad de vida", ha explicado.

"No se llevaron a cabo las medidas de alerta"

"Y no se nos escapa que, para todas las personas afectadas, su vida, su calidad de vida, no va a ser la misma antes que después de la dana", ha defendido el letrado. "Más allá de que viniera o cayera, pongamos el verbo que pongamos, unas lluvias torrenciales, lo cierto es que no se llevaron a cabo aquellas medidas de alerta previstas para que se diera una autorprotección", ha considerado Hernández. Por eso, reclaman a la Generalitat.

Por otra parte, destaca que "existen en la causa penal informes que dicen que las infraestructuras que hubieran podido evitar esa situación estaban planeadas pero no se han ejecutado, y que los cauces por donde corría el agua no estaban los suficientemente en condiciones". Por eso, por otra parte, reclaman a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El concepto de fuerza mayor es clave. "La fuerza mayor es algo imprevisto e inevitable, y el 29 de octubre del año pasado, las lluvias no se estaban produciendo en el lugar de los hechos sino en otro sitio", recuerda el abogado. Es decir, que no se puede hablar, en el caso de la dana, de "fuerza mayor". Así como consecuencia de "mala infraestructura, de cauces no suficientemente limpios y de que no se alertó a la poblacion, se producen una serie de daños que se podrían haber evitado", añade.

Las administraciones tienen seis meses para responder

Desde este miércoles, las dos administraciones a las que se reclama tienen un plazo de seis meses para contestar de manera positiva o negativa. Si no contestan en ese plazo, cosa que, ha apuntado el letrado, es habitual, se produce el llamado "derecho de silencio negativo". Transcurrido ese plazo, el siguiente paso sería abrir un proceso judicial contencioso-administrativo.

Si se llega a los tribunales, la intención que tienen los asociados es demandar a ambas administraciones en el mismo procedimiento "para evitar que existan discrepancias en resoluciones judiciales". Se presentaría esa demanda ante tribunales valencianos, aunque podría llegar al Supremo si se recurre. "Si no, tendremos que ir a Europa, está hablado con la asociación", ha indicado Manuel Hernández.

Explica, además, que se han esperado a presentarla al último día de plazo -justo cuando se cumplía un año-a la espera de las novedades del procedimiento penal. "Cada día vamos conociendo situaciones nuevas, hechos nuevos, noticias nuevas, y cualquier noticia, documento o hecho que sea beneficioso para el procedimieto administrativo y posterior contencioso-administrativo, entendíamos que debía incorporarse a la causa, por eso hemos esperado", ha destacado el letrado. Sin embargo, entiende que ambos procesos "no colapsan o no tienen por qué colapsar"

En caso de que se se acepte la reclamación o se dictamine, si se llega a la vía judicial, que los demandantes tienen razón, ha detallado, competería al órgano judicial determinar quién debería pagar qué parte.

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