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Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena

La dirección del ente avisa que a partir de ahora se van a determinar "unos límites" para activar este mecanismo tras solicitarlo cuatro trabajadores en tres meses

Imagen de archivo de la sede de À Punt en Burjassot.

Imagen de archivo de la sede de À Punt en Burjassot. / Fernando Bustamante

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Dos periodistas de À Punt dejarán la radiotelevisión pública valenciana tras acogerse a la cláusula de conciencia. Según ha podido saber este periódico, son dos trabajadoras del ente en la delegación territorial de Alicante que han solicitado su desvinculación de la cadena autonómica, que la dirección del ente confirma, apelando a este mecanismo, un derecho de los profesionales de la información que permite dar por extinguida la relación laboral por parte de la persona empleada que recibe una indemnización equivalente al despido improcedente.

Acogerse a la cláusula de conciencia implica motivar la salida laboral apelando a una incompatibilidad entre la línea editorial del medio de comunicación y quien ha de llevar a cabo las informaciones. En este sentido, las dos periodistas de Alicante de las que este periódico ha tenido conocimiento este viernes se suman a otros dos casos anteriores que se acogieron a este derecho entre este verano y octubre, tras los cambios que se han dado en la televisión pública desde que PP y Vox aprobaran la nueva ley en mayo de 2024 y se fuera desencadenando desde principios de este año los nuevos nombramientos de la estructura directiva.

Entre estas modificaciones ha estado el cambio del libro de estilo que ha reincorporado la retransmisión de actos taurinos, uno de los motivos que han esgrimido las periodistas que se han acogido a esta cláusula de conciencia. De hecho, fuentes sindicales indican que uno de los motivos que han impulsado a esta acción por parte de una de las periodistas en Alicante es la no retransmisión de la manifestación que el pasado sábado reunió a miles de personas por València pidiendo la dimisión de Carlos Mazón y en su lugar emitir una corrida de toros de 1997, un asunto que ha provocado malestar interno.

Un fotograma de la emisión de "Corregudes mítiques" que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell

Un fotograma de la emisión de "Corregudes mítiques" que emitía una faena del torero Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell / Levante-EMV

Fuentes de la dirección de À Punt confirman el caso de las dos periodistas que se han acogido esta semana a esta cláusula de conciencia, y añaden que a partir de ahora se van a "determinar unos límites para acogerse" después de que lo hayan hecho, que supiera este diario, cuatro trabajadores en tres meses. En este sentido, explican que la idea de proponer estos "límites" es evitar casos donde se active esta cláusula de conciencia por parte de alguien que tenga una oferta laboral y active este mecanismo para poder contar con una compensación económica.

Presupuesto extra

Por otra parte, la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la empresa que rige la gestión de À Punt, tiene desde este viernes dos millones más en su presupuesto, un pequeño incremento de en torno al 3,5 % hasta los 54,9 millones para este año. Así consta en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) en el que se recoge que esta ampliación económica se debe a la necesidad de pagar una sentencia judicial que reconoce el derecho de los trabajadores que estuvieron en la época de Canal 9 a percibir el "perfeccionamiento de trienios", es decir, la mejora por antigüedad.

"La Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana tiene la necesidad de hacer frente a las obligaciones firmes reconocidas judicialmente derivadas de la Sentencia número 669/2024 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a que se compute el tiempo de servicios prestados por trabajadores en Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana, SAU, a efectos de perfeccionamiento de trienios", señala el texto publicado en el DOGV.

En total, esta resolución judicial comporta un impacto económico para la cadena pública de 3,5 millones de euros donde se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Socail, intereses y costas procesales además de los atrasos salariales devengados. No obstante, de estos, 1,5 millones ya se habían abonado por lo que la modificación de los dos millones de euros es para hacer frente al resto de pagos pendientes derivados de estas resoluciones judiciales.

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