El plan frente a inundaciones aumenta su dotación e incluirá más restricciones para construir en zonas de alta inundabilidad

Son 109 las alegaciones presentadas para el "Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las Inundaciones en el Territorio Afectado por la dana en la Comunitat Valenciana" del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Así lo ha dado a conocer el Ejecutivo este viernes, después del proceso de consulta pública realizado entre el 23 de junio y el 23 de julio. Entre las propuestas, destaca la petición para desclasificar suelo urbano o urbanizable en zonas inundables e, incluso, eliminar artículos que permitan construir en zonas de flujo preferente; para crear una partida presupuestaria destinada a la reubicación de edificaciones en zonas de alto riesgo; o el proyecto para mejorar la permeabilidad y el drenaje de la V-30, una de las principales arterias de tráfico en el área metropolitana.

La modificación del plan ha "tenido en cuenta la mayor parte de las aportaciones recibidas"; la mayoría de ellas de carácter técnico. Casi la mitad de ellas (51) provienen de los distintos comités locales de recuperación (CLER), entidades autoorganizadas de inspiración ciudadana; y casi un cuarto (24) han sido remitidas desde las administraciones públicas. Otras 18 las presentaron ciudadanos a título particular y solo dos desde el sector privado. Algunas de ellas no se han podido recoger por "cuestiones competenciales", explican fuentes del Ejecutivo, las cuales consideran "realmente complejo" determinar la cifra exacta de las alegaciones incorporadas porque "muchas de ellas incluían decenas de propuestas".

La versión consolidada del plan, con la incorporación total o parcial de las alegaciones, cuenta con un presupuesto total de 551 millones de euros, son 21 más de los previstos inicialmente; la actualización del documento deriva en un incremento económico del 3 %. Según ha podido saber Levante-EMV, una de las principales cuestiones detrás de este incremento es la actualización de los costes del proyecto de la Saleta -se prevé desviar el curso del agua a la altura de Aldaia hasta conectarlo con el nuevo cauce a través de una vía verde, un proyecto ya en tramitación "avanzada", según el documento- y del tramo bajo del Xúquer.

Principales peticiones

El Ministerio ha categorizado las alegaciones en cinco grandes áreas temáticas. La primera de ellas se centra en la planificación, la gobernanza y el marco normativo. En ella se concentran la mayoría de peticiones para ahondar en una mayor restricción de la ordenación de los usos de las zonas inundables, aunque se pide ampliar el área de actuación a las pedanías de València, a los municipios afectados en el bajo Túria y al barranco de Picassent. Las propuestas plantean, entre otras acciones, la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y la eliminación de artículos que permitan construir en zonas de flujo preferente en municipios de alta inundabilidad. En este sentido, el Ejecutivo defiende "estar realizando las modificaciones pertinentes" dentro del "ámbito de competencias estatales".

La segunda área se centra en los sistemas de aviso temprano (SAT), tan reclamado por el Consell, y de apoyo para la decisión en la gestión de los embalses (SAD), dos actuaciones ya en marcha; la primera está ya contratada para la zona dana y en fase de licitación en el resto de cuencas del Túria y el Magro, como publicó este periódico a mediados de septiembre. La tercera área aborda las obras estructurales y las infraestructuras de protección, cuyas peticiones pasan por extender la permeabilidad y el mejor drenaje a la V-30, crear zonas de laminación y de almacenamiento controlado para reducir los caudales máximos de las cuencas y aumentar la capacidad de dos cuencas: el barranco del Poyo a su paso por Catarroja y Massanassa, con la propuesta para ampliar el lecho fluvial bajo del V-31; y el Magro a su pose por Algemesí.

El cuarto bloque aborda soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y gestión ambiental. Algunas alegaciones piden adaptar la agricultura regenerativa para mejorar la capacidad del paisaje para gestionar el agua; se contempla la posibilidad de estudiar mecanismos de compensación para los propietarios de zonas agrícolas de laminación controlada. Por último, se estipulan medidas de adaptación, recuperación y concienciación. Una de ellas es la consignación de un presupuesto para la reubicación de edificaciones, que conllevaría desalojos. Fuentes oficiales explican que "hay previstas actuaciones subvencionables" en el proyecto de real decreto sobre esto y que, además, "existen otras líneas de financiación" desde otros ministerios.

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