Las Corts recurre al TSJ la indemnización de casi 100.000 euros a la exgerente de FGV durante el accidente

Las Corts acudirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para recurrir la sentencia que obliga a la Administración autonómica a pagar una indemnización de casi 100.000 euros a la que fuera de Ferrocarrils de la Generalitat, Marisa Gracia, durante el accidente de metro en València de 2006 en el que fallecieron 43 víctimas mortales por los "daños morales" que le provocó la segunda de las comisiones de investigación celebradas en la cámara autonómica en 2016, impulsada por el Botànic y Ciudadanos ante el cierre sin responsables políticos de la primera, semanas después del accidente.

El recurso de casación se ha aprobado este martes por unanimidad en la Mesa de las Corts, tal y como han confirmado fuentes conocedoras de la reunión a Levante-EMV. El organismo de dirección de la cámara, presidido por Vox, con tres representantes del PP y uno de Compromís, ha dado el visto bueno a los argumentos planteados por el servicio jurídico de la casa, que recomienda recurrir la sentencia del TSJCV alegando, entre otros motivos, "la independencia del Parlamento frente al Poder Judicial", que la petición de indemnización podría estar prescrita o "la falta de acreditación del nexo causal entre los daños que reclama y el acto que se impugna".

A diferencia de la Generalitat, que de momento ha rechazado recurrir la sentencia, el parlamento autonómico sí que acudirá a los tribunales para impedir el pago de la indemnización, algo que habían solicitado las víctimas. Las Corts es afectada directa ya que la batalla judicial emprendida por Gracia, exgerente de FGV durante el accidente, va contra el dictamen emanado de la cámara autonómica en la que se le señala como responsable política del suceso que causó 43 fallecidos y acusa a este de provocarle "daños físicos y morales"  debido a una "conclusión extralimitativa vertida hacia su persona".

Esta sentencia del TSJ, sin embargo, no ha lugar para los servicios jurídicos de la cámara autonómica que recurrirá la decisión. Para ello, uno de los motivos sobre los que se apoya es reivindicar la "independencia" del parlamento frente al Poder Judicial. "Lo que se impugnó ante la jurisdicción ordinaria no fue un acto administrativo, sino un acto parlamentario no legislativo o no normativo. Que, por su propia naturaleza, no es susceptible de impugnación ante el poder judicial, sino ante la Jurisdicción Constitucional", justifica el recurso.

Es decir, las Corts diferencia entre los "actos administrativos" del parlamento, como un despido, de los "actos parlamentarios" como lo es este caso el dictamen de una comisión de investigación sobre la que el informe jurídico llama a "entenderlo de alcance político, máxime tomando en consideración el carácter político de su nombramiento". "Debe significarse que las Comisiones de investigación parlamentaria tienen por finalidad analizar la eventual responsabilidad política, y no jurídica", insiste el texto aprobado este martes en la Mesa de las Corts.

Argumentación jurídica

Por todo ello insiste, citando otros casos, en remitir cualquier tipo de decisión sobre un dictamen parlamentario al Tribunal Constitucional. "Lo que es indubitado para el Tribunal Constitucional es que es a él a quien compete conocer de estos actos parlamentarios de las comisiones de investigación", dice en el escrito en el que alerta que es necesario "conocer el criterio del Tribunal Supremo en relación con el alcance de la actividad de las comisiones de investigación parlamentarias (...) sin intervención alguna del Tribunal Constitucional" porque, en caso de ser así, "podría suponer la vulneración de la separación de poderes que caracteriza el Estado de Derecho consagrado por nuestra Constitución".

La decisión de la Mesa de las Corts llega después de que la semana pasada se diera acuse de recibo a un escrito de las víctimas en el que reclamaba que recurrieran la sentencia. Es, indicaban en este documento, "completamente lícito que el resultado de la comisión señale las responsabilidades en el ámbito de la empresa pública investigada. Como en el caso de Marisa Gracia, que como directora gerente de FGV, era la máxima responsable de dicha empresa en el momento del accidente". Un día después de esa reunión llegó la sentencia y seis días después, las Corts ha decidido recurrir.

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