La Audiencia de València avala la decisión de la jueza y rechaza las diligencias sobre la CHJ solicitadas por la exconsellera Salomé Pradas

Dos autos de la sección segunda de la Audiencia de València vuelven a avalar las decisiones que adopta la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. En las dos nuevas decisiones de los seis magistrados de sala, acordadas por unanimidad, la Audiencia de València rechaza la petición de diligencias sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) solicitada por la defensa de la exconsellera responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, y por la abogada de una acusación particular.

La defensa de Pradas había solicitado diversas diligencias sobre el SAIH (Sistema automático de información hidrológica) en el barranco del Poyo, así como los pliegos de condiciones, que los magistrados de la Audiencia de València ven reiterativos porque ya se han aportado a la causa por la CHJ o no aclara el abogado de Pradas la utilidad de su petición.

La exconsellera solicitaba a la magistrada de la dana que reclamara a la CHJ los "pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de la licitación del servicio SAIH que dio origen a la adjudicación del contrato a favor de la mercantil que gestiona dicho servicio actualmente". Así como "los datos del WAP (siglas en inglés del Wireless Application Protocol), el listado de alarmas del día 29 de octubre de 2024 relativos a la rambla del Poyo y el río Magro". Que se identificara al técnido de guardia del SAIH la tarde del 29 de octubre de 2024. Además de los datos del punto de control Poyo-Massanasa (rambla del Poyo) de dicho día". Y, por último, "que un técnico elabore una pericial de los datos guardados de los sensores de caudal (caja negra) del día 29 de octubre de la Rambla del Poyo".

La defensa de Pradas también solicitaba "la obtención de una copia de todo lo recogido en el sistema Coordcom (la caja negra de la emergencia), en particular una llamada realizada por el testigo Juan Ramón Cuevas Camps con un predictor de la Aemet el día 29 de octubre de 2024 a las 16-16.30 horas en la que supuestamente este le dijo que las precipitaciones se iban a la Serranía de Cuenca". Así commo la declaración de Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

El fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, se opuso a la petición de diligencias de Pradas, al considerar ajustado a derecho el auto de la jueza que las rechazaba.

Para los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València “no se justifica por vía de recurso que lo argumentado por la juez en dicha resolución sea incorrecto y en qué medida la diligencia interesada pudiera aportar información distinta de la que ya se ha acordado incorporar”.

Respecto al segundo auto en el que rechaza las diligencias de una acusación particular, la Audiencia de València ratifica también la denegación de diversas diligencias solicitadas por una acusación particular que representa a la familia de un hombre fallecido en Cheste, en la cuenca del barranco del Poyo, que solicitaba diligencias de la presa de de Forata e incluían la solicitud de documentación a la CHJ y declaraciones de testigos, entre ellas la del secretario de Estado de Medio Ambiente.

Para la Sala, “la resolución sometida a esta alzada supera los estándares de motivación exigidos por el artículo 24 de la Constitución, pues permite conocer, sin dificultad, las razones por las cuales la juez ha rechazado la pertinencia y utilidad de las diligencias de instrucción que le proponía la recurrente”.

“Dicho rechazo encuentra, además, sustento en diligencias de instrucción ya acordadas, o pendientes de práctica, por lo que no puede tacharse la denegación de las propuestas por la recurrente como caprichosa o absurda”, añade el auto.

Según informan fuentes del TSJCV con las dos resoluciones notificadas hoy ascienden ya a 26 los autos dictados desde el pasado mes de mayo por la sección segunda de la Audiencia de Valencia -todos ellos acordados por unanimidad por los seis magistrados que la integran- en los que se resuelven recursos de apelación la causa penal de la dana que instruye el Tribunal de Instancia de Catarroja.

De esos 26 autos, 23 han supuesto la desestimación íntegra del recurso y la confirmación por tanto de la decisión de la instructora, mientras que los otros tres estimaron las apelaciones (en un caso totalmente y en otros dos de forma parcial), según informan fuentes del TSJCV.

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