Educación debe 12 millones de euros en sueldos a 16.000 docentes de la concertada

La relación entre la Conselleria de Educación y la concertada se encuentra en un punto de tensión y profundo descontento, marcada por el impago de deudas salariales y una denuncia de "parálisis" en las negociaciones. La patronal FECEVAL y los sindicatos, encabezados por FSIE, coinciden en la dificultad para llegar a acuerdos.

El sindicato FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) denuncia que Conselleria debe 12 millones de euros en sueldos a unos 16.000 profesores de la concertada. Además, lamentan que lleven más de 100 días sin reunir la comisión de seguimiento, que sienta en la misma mesa a la patronal, sindicatos y conselleria para tratar los temas que afectan al colectivo.

La deuda se debe a la no actualización de las nóminas, a pesar de que las tablas salariales publicaron el 16 de diciembre de 2024. La Administración no ha actualizado ninguno de esos conceptos desde entonces, y aunque son pequeñas cantidades individuales, en conjunto suman un monto importante.

El sector teme que, si el abono no se realiza antes del 16 de diciembre, prescriba el derecho a reclamar. El sindicato FSIE, que ya ha enviado cinco recordatorios, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges ante la falta de pago, quien ya ha admitido a trámite la queja y solicitado un informe a la Conselleria. Si el problema no se resuelve, el 90% del sector podría presentar hasta 16.000 reclamaciones individuales de salario, lo que colapsaría la administración educativa.

Conselleria de Educación asegura que está trabajando en un "calendario de trabajo", pero que tienen pendiente "una reunión de carácter técnico, que tendrá lugar con carácter previo a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento, con el objeto de realizar un análisis global de las propuestas presentadas tanto por las organizaciones sindicales como por las entidades patronales".

Más de 100 días de "bloqueo"

El malestar no solo es económico, sino también institucional. Vicente Cabanes (FSIE) ha denunciado que la Administración ha mantenido al sector en un "bloqueo institucional a todos los niveles".

El primero es la parálisis de la comisión del seguimiento, una reunión periódica entre patronal, Conselleria y sindicatos para tratar los problemas del sector. En total, llevan 102 días sin reunirse, pese a que "con otros gobiernos estas reuniones se convocaban cada 10 o 15 días. Nos reunían y escucaban, pero ahora eso ni siquiera ocurre", cuenta Cabanes.

La Conselleria de Educación se comprometió el pasado 29 de julio a convocar mesas técnicas para abordar la jubilación parcial del profesorado, un tema "muy importante" para los centros y que ya está aprobado por el Gobierno. A pesar de que la convocatoria debía ser en septiembre, a 7 de noviembre "nada" se ha concretado.

Fondos congelados desde 2009

Otro asunto importante para la concertada tiene que ver con la partida de gastos de funcionamiento de los centros, que lleva congelada desde el año 2009, pese a la subida constante de los precios de la energía y los suministros. La concertada estima que esta partida ha aumentado un 60 % pero conselleria solo la ha subido un 3 %, con lo cual esta enseñanza lleva perdiendo fondos desde hace más de una década.

Alberto Villanueva, presidente de FECEVAL, lamenta que les está "costando mucho negociar". El sector se encuentra con "una pared" en forma de problemas presupuestarios, lo que está "lastrando toda" negociación. La DANA y los gastos extra han hecho "muy complicado" abordar temas económicos.

Otro de los desplantes que ha sufrido la concertada ha sido su exclusión del protoclo que Educación aprobó recientemente para emergencias meteorológicas. El sector concertado criticó que la Conselleria llamó a la pública y a las familias para negociar el protocolo de actuación en situaciones de emergencia y suspensión de clases, pero no a la concertada. Tras la queja, se les convocó, pero solo a una reunión "informativa" y no de negociación.

La Lucha por la Equiparación

Las peticiones y reivindicaciones del sector buscan la equiparación de condiciones con la enseñanza pública y la actualización de partidas económicas históricamente congeladas.

La reivindicación número uno es la homologación de las plantillas de los centros concertados a las de la pública, donde existe una "diferencia abismal". Otro de los problemas endémicos es una nueva orden del pago delegado para revisar, cambiar y modernizar la normativa actual, algo que se pide desde hace varios gobiernos, ya que los retrasos y fallos en el pago a los docentes concertados siguen siendo comunes.

A pesar de la parálisis, el sector ha reconocido como avances positivos la llegada del bono infantil 0-3 y la renovación de conciertos. Sin embargo, la sensación es que el gobierno del PP no está tratando "mejor" al sector concertado, y que el tema económico es la principal losa.

Impacto para las familias

La falta de pago de los salarios no es solo un problema para los docentes, sino una bomba de relojería para la Conselleria. La amenaza de que el derecho a reclamar prescriba el 16 de diciembre ha puesto en alerta a los sindicatos, que se enfrentan a la dificultad logística de gestionar miles de reclamaciones individuales.

Este clima de tensión y bloqueo institucional genera una gran incertidumbre en el sector y también recelos frente a una Conselleria de Educación distante desde que empezó la legislatura. El parón en temas clave, como la jubilación parcial y las plantillas de FP, afecta directamente a la calidad educativa y a la gestión diaria de los centros concertados. La paralización de peticiones debido a los gastos extraordinarios y el tema presupuestario demuestra que la relación, aunque exista, no está "solucionando problemas" y no logra alcanzar los acuerdos necesarios.

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