Abascal eleva el precio para investir a Pérez Llorca y pide construir "presas y diques"

"Construir presas y diques". Es el nuevo peaje que ha puesto Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo para investir con sus votos a Juanfran Pérez Llorca, el designado por el líder nacional del PP para suceder a Carlos Mazón y el favorito de Vox para esas negociaciones. Ese proceso para reemplazar al actual president en funciones sin pasar por las urnas, en el que los populares necesitan los votos de los voxistas, se desencayó este martes desde Madrid con el visto bueno de Génova al alcalde de Finestrat, secretario general del PPCV y síndic en las Corts. Y en Madrid parece que continúa la puja para presidir la Generalitat.

Abascal ha aprovechado una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para elevar el precio de sus votos en las Corts, donde el PP necesita a los voxistas. Así, a las ya conocidas exigencias de romper con el Pacto Verde Europeo o de acabar con la "inmigración masiva", asumidas ya por Mazón en su día y que este miércoles ha mantenido vigentes, el presidente de Vox ha retado a Feijóo a pasar a los hechos y le ha instado a que le aclare si su formación podrá pactar con Pérez Llorca esas obras hidráulicas.

"Nos da igual que nos llamen negacionistas por exigir presas y diques (...) Señor Feijóo, ¿cree que eso lo podremos pactar? ¿Por lo menos eso? ¿Cree que podrá su candidato comprometerse a las obras que necesita Valencia, a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista?", dijo desde la tribuna apuntando al líder del PP.

El órdago no pareció inquietar demasiado a Génova, desde donde reclamaron esperar a que haya una mayor concreción desde Vox. En todo caso, cabe recordar que el Plan Valencia presentado por Feijóo tras la dana, en el que se recogen propuestas legislativas sobre la dana que el PP se compromete a impulsar si llega a Moncloa, ya contempla "actuaciones en el barranco del Poyo y la presa de Vilamarxant", "actuaciones en el río Magro, la presa de Montesa y la presa Marquesado", la "adecuación y reparación de presas" y el "refuerzo del canal Júcar-Turia".

El PP valenciano tampoco parece demasiado alejado de esta nueva exigencia de Abascal. En su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana en las Corts, Mazón no resolvió sus incógnitas ni respondió apenas preguntas, pero sí que dedicó un buen tiempo de su intervención a subrayar la ausencia de obras hidráulicas en el barranco del Poyo.

Otra cosa es la capacidad que tenga la Generalitat para acometer estos proyectos, que son de titularidad estatal. En la C. Valenciana hay una única presa de titularidad autonómica, la de Buseo, ubicada en Chera, en la cuenca del río Turia. Una "anomalía" tal y como reconocen desde el Consell, ya que en su origen era de titularidad privada, en concreto de una comunidad de regantes que la donó a la Generalitat tras la construcción, aguas arriba de otros embalses. Es decir, que cualquier presa o dique que se quiera construir deberá pasar por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Pacto verde y menores migrantes

Desde la dimisión de Mazón sin apretar el botón del adelanto electoral, el foco está puesto en esas condiciones que Vox pueda imponer al PP para elevar a Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat. Los voxistas avisaron desde el principio de que sus acciones ahora se habían revalorizado y que, por tanto, buscarían dar una vuelta de tuerca al último pacto cerrado entre los de Abascal y Mazón, sellado en marzo y que valió para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025.

Para aquel acuerdo, el ahora president en funciones tuvo que asumir a viva voz esos postulados voxistas. Llamó "a la acción" contra el Pacto Verde Europeo, respaldado por el PP en Bruselas, y aseguró que la C. Valenciana "no admitirá más repartos de la inmigración ilegal" por haber "rebosado el límite de su capacidad".

Este último compromiso, sin embargo, no ha sido cumplido por el Consell del PP, que pese a haber sido beligerante y muy crítico con ese reparto del Gobierno, ha acatado las acogidas que se han ido decretando, cumpliendo con la ley.

Y así seguirá sucediendo. Así lo dicta Génova y así lo señaló este martes la vicepresidenta y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, la responsable del área y que avanzó que la Generalitat "cumplirá la ley, como no puede ser de otra manera", y seguirá acogiendo a los chavales que traslade el Ejecutivo central. Eso sí, Camarero avanzó que la Generalitat continuará batallando en los tribunales para frenar este proceso.

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