Los alcaldes reclaman amparo a la Unión Europea para afrontar la reconstrucción

Desde Bruselas, punto neurálgico de las instituciones de la Unión Europea, hasta la zona cero afectada por la dana, entre el área metropolitana de València, la Ribera y la cabecera del Magro en Utiel hay más de 1.600 kilómetros, una distancia que este miércoles recorrieron alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas para que esa conexión permita que ese mismo trayecto lo hagan en un futuro no muy lejano los fondos comunitarios que ayuden a la reconstrucción de lo que destrozó el paso del agua y el barro hace más de un año.

Con la aprobación prevista este jueves del Fondo de Solidaridad de 946 millones para la dana como leitmotiv de la agenda, una quincena de munícipes de ayuntamientos afectados por la riada se reunieron este miércoles en la capital comunitaria con responsables de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea para tratar la reconstrucción y la gestión de los fondos europeos, un encuentro que sirvió para recibir información sobre estos, pero también como ventanilla de quejas y alertas de los alcaldes.

Porque aunque el maná europeo es una de las grandes esperanzas de los ayuntamientos para poder llevar a cabo una reparación y reconstrucción bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia que tanto demanda la adaptación al cambio climático, los avisos son claros desde las entidades locales de que estos también pueden convertirse en un problema de gestión burocrática, desde la propia solicitud hasta, sobre todo, su justificación y gestión.

"No es un problema de fondos, es un problema de capacidad de gestión", ha advertido la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, quien lamenta que los consistorios no van a poder llegar al plazo de justificación de estas subvenciones. En especial, la de los fondos gestionados a través del reglamento 'Restore' que ha desbloqueado la movilización de 700 millones para la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes mediante pagos anticipados para el período 2025-2027.

"No vamos a llegar"

De ahí las reivindicaciones lanzadas por los munícipes. "O hay un plan o no vamos a llegar", ha lamentado el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, reclamando un "régimen jurídico propio" para la reconstrucción. "Hay que habilitar un mecanismo legal para actuaciones excepcionales", ha planteado Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, recordando casos como La Palma mientras que el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha reclamado tener en cuenta el alza de los precios en esta reconstrucción.

Silvent, posteriormente, en una mesa redonda organizada en el Parlamento Europeo, ha insistido en sus reivindicaciones para que sean tenidas en cuenta en las condiciones que se han de fijar desde Bruselas para entregar estos fondos. "Si no hay una normativa que obligue a los ayuntamientos a que en los proyectos se refleje características de resiliencia frente al cambio climático no seremos capaces de ejecutarlos, necesitamos esa ayuda normativa", ha remarcado.

La queja de los alcaldes ha recibido el consejo de los responsables comunitarios, señalando entre otros puntos que no hagan la solicitud económica hasta que no tengan clara su distribución definitiva, el respaldo de las eurodiputadas Leire Pajín y Sandra Gómez ejerciendo de anfitrionas y el apoyo in situ de cargos del Gobierno central que les han acompañado en Bruselas. "Los vamos a acompañar, tienen una tarea ingente", ha señalado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. "Hasta que no terminen los alcaldes en sus municipios, nuestra labor no finaliza", ha agregado la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez.

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