Centro Cultural Islámico: "¿Cómo evalúan la integración? ¿por vestimenta? ¿por el esfuerzo? Es subjetivo y peligroso"

"¿Cómo se evalúa la integración, la adaptación a la cultura y la inclusión? ¿En qué se van a basar? ¿En el credo? ¿En la vestimenta? ¿En el esfuerzo? El texto es ambiguo y peligroso porque está abierto a interpretaciones que no caben en unas instituciones públicas que deben garantizar derechos y libertades". Desde el Centro Cultural Islámico de València (CCIV) no han dudado en reaccionar ante las enmiendas que ha presentado Vox a la que será la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y que, de ser aceptadas por el PP, limitan la ayuda a la población migrante al condicionar el acceso del solicitante a la "integración plena" y proponer como sanción muy grave "prácticas denigrantes contra la infancia o al mujer, que sean contrarias al principio de igualdad", lo que abre la puerta a excluir de la ayuda a mujeres musulmanas con velo, tal y como avanzó ayer Levante-EMV.

Desde el CCIV aseguran que prestaciones como la RVI "tienen como objetivo garantizar el bienestar y la dignidad de las personas y las bases de estas ayudas no se deben regir ni por motivos culturales ni religiosos porque de ser así se estaría estigmatizando al colectivo, por no decir que iría en contra de la libertad religiosa y de conciencia y se vulnerarían los derechos de igualdad y no discriminación". Por ello, aseguran que las enmiendas de Vox "no tienen cabida" en la nueva norma que ha diseñado el PP y que implica otorgar esta ayuda de mínimos a las personas más vulnerables.

"Nos preocupa mucho que vayamos hacia la construcción de un modelo único de ciudadanía. Somos una sociedad diversa, multicultural y multiconfesional y eso de prevalecer sobre cualquier criterio. Hay que proteger esa diversidad porque sería un grave problema retroceder y que prosperen enmiendas como las que plantean (en referencia a Vox) porque sería asumir una discriminación clara y un retroceso evidente de un estado de derecho democrático como el nuestro", explica la vicepresidenta del CCIV, Mariam Barouni, quien, además, recalca que no hace estas declaraciones "como mujer musulmana". Aunque, sin embargo, recalca: "Ya está bien de explicar cómo debemos ser las mujeres o cuestionar nuestras libertades".

Como sí habla Barouni es como lo que es: trabajadora social de profesión. "Soy trabajadora social y conozco bien cuáles son los criterios a la hora de valorar una vulneración o una necesidad. Y lo que pretender hacer es contrario a nuestra Constitución. La integración es algo muy subjetivo. Que sepa manejarse algo en el idioma, que lleve un tiempo integrada en la sociedad... eso son parámetros de integración, pero los textos que han planteado son tan abiertos que apoyarlos implica el peligro de retroceder en derechos". Y concluye: "Necesitamos una sociedad más inclusiva donde todos tengan cabida y estos retrocesos no se pueden permitir".

Reacciones políticas

La portavoz de Servicios Sociales del PSPV-PSOE en Les Corts, Silvia Gómez, también se ha pronunciado sobre las enmiendas presentadas por Vox al proyecto de ley de la Renta Valenciana de Inclusión. Gómez denuncia que estamos "ante la primera factura" que va a pagar el PP a Vox "para retener el sillón" de la presidencia de la Generalitat eligiendo al "sustituto" de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, "que va a ser más de lo mismo" . "Esta factura se va a traducir en medidas xenófobas y racistas que van a dejar a miles de valencianos, los más vulnerables de todos, sin esta aportación para darles una oportunidad de salir de las situaciones de exclusión social", explica.

Para Compromís, se trata de "una muestra más de este pacto indecente y asqueroso" entre el PP y Vox, "que solamente demuestra los recortes que vienen haciendo desde el inicio de la legislatura" y que se han visto "más agravados" desde la dana. Según ha expresado el parlamentario Francesc Roig, en declaraciones a los medios este jueves, Vox trata de lanzar "una cortina de humo para no hablar de que han sido los que han estado protegiendo a Mazón todo este año y votando para que ese señor siguiese ahí sentado". "Es una indecencia más a la que nos llevan sometiendo el PP y Vox para esconder todo el mal que le están haciendo a nuestro país", ha denunciado, y ha criticado que todo ello "lo están haciendo sin darle la voz al pueblo valenciano" y ha vuelto a exigir la convocatoria de elecciones.

En un comunicado, la diputada de Vox Miriam Turiel defiende las enmiendas presentadas por su grupo: "La mejor política social es aquella que permite a las personas encontrar un empleo digno y salir adelante por sí mismas". Así, argumenta que la voluntad es no "cronificar la dependencia de las ayudas públicas". "El objetivo no puede ser mantener a la gente en la precariedad, sino ofrecerles herramientas para salir de ella", señala, en relación a la petición que hace para que la ayuda dure, como máximo 6 años. En esta línea, sostiene que Vox no excluye "a nadie" y que condena "toda forma de violencia, venga de quien venga", frente a una izquierda a la que acusa de utilizar "la violencia contra la mujer como propaganda sectaria". Además, incide en que la educación es "el verdadero ascensor social", por lo que "no podemos permitir que quienes no cumplen con este deber fundamental sigan recibiendo ayudas públicas". "Queremos que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita, y que sirvan para salir adelante, no para depender del Estado", concluye.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, sin embargo, aseguran que el único cambio respecto a los plazos es que "en lugar de volver a presentar toda la documentación cada 3 años lo hagan cada 6", pero afirman que se mantendrá la ayuda mientras dure (acreditada) la situación de vulnerabilidad de la familia y no se incumplan requisitos ni infracciones. "Lejos de reducir los plazos, los hemos alargado", afirman tras defender una nueva RVI que "cuenta con un amplísimo consenso social". El PP, como grupo parlamentario, ha basado sus enmiendas a la nueva RVI en que una de las causas de la extinción de la ayuda sea que la persona titular se encuentre "en situación de ocupación ilegal de vivienda, cuando dicha situación haya quedado acreditada mediante sentencia judicial firme".

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