Los directores de la escuela pública rechazan el nuevo protocolo de emergencias de los centros

La asociación de directoras y directores de la escuela pública (ADEP-PV) ha mostrado su "oposición frontal" al protocolo de gestión de emergencias meteorológicas creado por Conselleria de Educación y negociado con los sindicatos. La asociación denuncia que el documento "está trasladando unas responsabilidades que no corresponden" al ámbito escolar, sin dotarles de los recursos, la formación ni la atribución competencial adecuada.

ADEP-PV no solo rechaza el contenido del protocolo, sino que también manifiesta una profunda preocupación ante la amenaza de posibles sanciones al personal docente y directivo. El manifiesto subraya que este intento de delegación de funciones "pone en riesgo la seguridad real de la comunidad educativa y desvía la labor de los directores de su foco pedagógico y organizativo".

Tres Niveles de Alerta

El protocolo negociado por Conselleria sirve para "establecer una guía de actuación coordinada para garantizar la seguridad del personal ante episodios de emergencia meteorológica". El plan se estructura en función de los niveles de alerta (amarillo, naranja y rojo) decretados por los organismos competente.

En el nivel amarillo el personal debe acudir al centro con normalidad, manteniendo un seguimiento constante del aviso meteorológico.

En el nivel naranja o rojo, las direcciones territoriales pueden ordenar el adelanto de la salida del personal o el cierre preventivo del centro. En caso de alerta roja, se puede decretar teletrabajo y si son muchos días que el alumnado realiza clases online.

El documento incluye también instrucciones detalladas de seguridad, como la necesidad de evitar zonas bajas o sótanos inundables, subir a plantas elevadas, disponer de un botiquín de primeros auxilios y pautas específicas ante fenómenos como ventisca o tornado.

Carga técnica injustificada

Sin embargo, la polémica no reside en ninguno de esos puntos, sino en las funciones y obligaciones que deben realizar los profesores. Los directores de Infantil y Primaria señalan que no están formados para ello ni deberían tener la responsabilidad del mantenimiento de infraestructuras, el control de instalaciones y la gestión de emergencias externas incluso "en horario extralaboral".

La Asociación critica que el protocolo supone un traslado injustificado de tareas que legalmente deben recaer sobre la Administración, servicios de protección civil y organismos especializados. Una de estas obligaciones, la más polémica, es que un miembro del equipo directivo debe ser el encargado de gestion de avisos en situaciones de alertas meteorológicas y ser el responsable de que todo el mantenimiento del edificio esté al día.

"Es responsabilidad de la Administración garantizar las condiciones de seguridad y mantenimiento" subraya ADEP-PV, exigiendo que la Conselleria y los Ayuntamientos asuman su rol en infraestructuras y prevención De hecho critican que esta decisión genera inseguridad y riesgo en la gestión real de las emergencias.

Oposición a las sanciones

Un punto crucial de la discordia es el rechazo frontal a la posibilidad de aplicar sanciones al personal directivo y docente por incumplimiento del protocolo La ADEP-PV rechaza de forma absoluta cualquier sanción cuando la responsabilidad no es competencia del centro. Las familias también se han expresado en contra de esto.

Por todo ello, los directores exigen una rectificación del protocolo y la eliminación de cualquier intención sancionadora hasta disponer de un "modelo realista, participativo y dotado de recursos".

La reivindicación es que la dirección escolar pueda centrarse en lo pedagógico y organizativo, mientras que la prevención, mantenimiento y gestión técnica de riesgos recaiga en los organismos y profesionales competentes. Es decir, la dirección se compromete con la seguridad, pero se niega a aceptar responsabilidades que no ven como propias.

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